La defensa del expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío Gonzáles, planteó un "habeas corpus preventivo" ante la imposición de medidas cautelares, dispuestas el pasado 5 de marzo, en contra de ambos, procesados por el caso Sinohydro.
La audiencia en la que se tratará el recurso judicial, cuya función sería prevenir la potencial detención de una persona en caso de que esta sea arbitraria, se difirió para este viernes 17 de marzo, a las 09:00.
Moreno fue recientemente señalado por la Fiscalía de haberse beneficiado junto a su familia de presuntos sobornos pagados por la empresa estatal china Sinohydro, vinculados a la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande de Ecuador.
Tras ser incluidos en la lista de 37 personas investigadas por el delito de cohecho dentro de dicho caso, se dispuso que tanto Moreno como Gónzalez se presenten ante la Sala Penal de la Corte Nacional de forma periódica, cada quince días y ocho días, respectivamente.
La presunta red de corrupción se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, entre 2009 y 2018.
Para sustentar la formulación cargos y el pedido de medidas cautelares, Diana Salazar, la fiscal general del Estado, relató las circunstancias de los hechos y enumeró 225 elementos de convicción que fueron obtenidos durante la investigación previa.
Dado que Moreno y su esposa residen en Paraguay actualmente, David Meza, abogado de ambos, también tramitó un pedido de revisión de medidas cautelares para que el sitio determinado de la presentación periódica sea la embajada de Ecuador en Asunción, capital de dicho país, y no la Corte Nacional.
Durante la formulación de cargos, Salazar destacó que la empresa adjudicataria de la licitación, Sinohydro, habría entregado –a través de dádivas, cheques y transferencias– 76 millones de dólares a los treinta y siete procesados.
Expuso que estos valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas.
En el caso del expresidente y su familia, la Fiscal cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.