La audiencia de formulación de cargos contra el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola G., y diez personas más por presunta delincuencia organizada en el marco del Caso Purga se instaló a las 21h00 de este lunes 4 de marzo.
La diligencia, a la que acudió la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se lleva a cabo en Quito, bajo resguardo de un gran contingente policial, presidida por el juez Lauro Javier de la Cadena, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.
De acuerdo con Salazar, el caso Purga está enfocado en la limpieza de las instituciones del Estado, puesto que hay "elementos que evidencian la necesidad de sanear el sistema judicial para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural de la que hemos sido testigos estos últimos meses".
Dentro de esta presunta estructura delictiva se ha detenido, aparte del exlegislador y la extitular de la Corte Provincial, a varios jueces; así como personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura del Guayas.
Antes de la instalación de la audiencia de formulación de cargos, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que los aprehendidos "han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano atentando directamente a los intereses de los ecuatorianos".
Salazar explicó durante la diligencia referida que se realizaron 43 allanamientos a varios inmuebles, 25 registros de vehículos y se detuvo a una docena de personas. En adición, afirmó que a todos los sospechosos se les respetaron sus derechos al momento de la detención.
La investigación parte del caso Metástasis, referente a una presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial por infiltración y sobornos del narcotráfico. Por este caso siguen encarceladas provisionalmente figuras notables de la política como Wilman Terán, extitular del Consejo de la Judicatura.
Según la fiscal, el caso Purga destapa cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa que ponía a su servicio, y al del narcotráfico, la administración de justicia en Guayas, una de las provincias más influyentes del país.