Caso Purga revela cómo operaba exasambleísta y expresidenta de la Corte del Guayas como líderes de la organización delictiva
En la audiencia de formulación de cargos del Caso Purga, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, detalló cómo operaban.
En la audiencia de formulación de cargos del Caso Purga, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, detalló cómo operaban el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, Fabiola G., y el juez Johan M. como los presuntos autores de una supuesta red de delincuencia organizada en el sistema judicial, en el que además están implicadas otras nueve personas, en calidad de colaboradores.
Tras las investigaciones de la Fiscalía, las conversaciones halladas en el celular de la exfuncionaria Mayra Salazar (procesada por el Caso Metástasis) revelaron cómo operaba esta trama de corrupción:
Exasambleísta Pablo Bolívar M. A.
Identificado como uno de los líderes de la organización delictiva, fue electo en los comicios de febrero de 2021 y se le acusa de haber controlado la administración de justicia en Guayas, habiendo financiado la campaña y operatividad de María Fabiola G.R.
Habría contratado a la comunicadora Mayra Salazar -por pedido de María Fabiola G.R.- para su colaboración como publicista, con miras a ganar la elección de la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
Los honorarios de la publicista -que tenía voz y voto en las decisiones judiciales en la Corte-, se pactaron en el domicilio del exasambleista: 2.500 dólares mensuales y en efectivo, según Fiscalía.
Resultado de su intervención:
Él y su esposa habrían obtenido beneficios ilícitos a través de fallos judiciales, incluyendo una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacífico por "daños causados", mediante el uso de documentos falsificados.
Además, se le vincula con decisiones judiciales que beneficiaron a familiares, como la apropiación irregular de un terreno en Durán (valorado en 200.000 dólares), sin soporte documental que legitime la compra del mismo.
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Expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G. R.
Se le acusa de haber intervenido en decisiones judiciales para favorecer a terceros y a sí misma, consolidando su posición como una de las líderes de la organización delincuencial.
Ganó las elecciones de la Corte Provincial de Guayas en 2022, gracias al trabajo comunicacional de la publicista Mayra Salazar.
Según Fiscalía, el trabajo de Salazar, mano ejecutoria de la presidenta de la Corte, habría tenido como objetivo instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte, para controlar las acciones judiciales y administrativas.
De esta manera, intervino en decisiones judiciales, como la acción de protección con medida cautelar, presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito en contra de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas de Quito, por un contrato de repavimentación entre estas dos entidades publicas por 30 millones de dólares.
Además, por pedido de Pablo Bolívar M. habría accedido a aplicar un cambio administrativo para poner un juez que favoreciera sus intereses (Ramos Alberto L.T., también investigado), en lugar de uno que no habría aceptado colaborar con esta cúpula criminal y fallar a favor del exlegislador en un juicio por falsedad de recurso privado.
Resultado de su intervención:
Se habría beneficiado del archivo de varios sumarios administrativos, gracias a la influencia política de Pablo M. Se la señala por intentar obtener beneficios económicos a cambio de fallos judiciales.
Además, las revelaciones indican que María Fabiola G.R. habría intentado influenciar al cabecilla de "Los Choneros" alias "Fito" para obtener beneficios económicos a cambio de un fallo judicial favorable.Ella era parte del Tribunal asignado para conocer la apelación del SNAI ante la decisión de otro juez de que el preso Adolfo Macías Villamar regrese de la Roca a la cárcel Regional de Guayaquil.
Al culminar la diligencia, la fiscal general solicito al juez Javier de la Cadena que dicte prisión preventiva contra 11 procesados por delincuencia organizada, a excepción del juez Reinaldo C., para quien pidió arresto domiciliario por ser mayor de 65 años.
Luego de escuchar la intervención de las partes procesales, el magistrado suspendió la audiencia y señaló que la reinstalación será a las 16:00 para dar a conocer las medidas cautelares que dictará contra los procesados.
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