Caso Las Torres: Fiscalía presenta dictamen acusatorio contra excontralor Celi y otros involucrados
La Fiscal expuso seis elementos de convicción, entre los que se incluyen conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados.
En la Corte Nacional de Justicia se instaló, desde el martes 7 de diciembre, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada contra trece personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores.
En el primer día de audiencia, las defensas de los procesados expusieron sus argumentos sobre los posibles vicios de procedimiento, prejudicialidad y competencia. Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fundamentó cada una de las alegaciones, señalando que nunca se violentó el debido proceso y que se actuó en apego a la Ley y a la Constitución.
La tarde del miércoles 8 de diciembre –en el segundo día de la diligencia–, el juez Felipe Córdova declaró validez de todo lo actuado dentro de esta causa, por lo que dio paso a la exposición del dictamen acusatorio por parte de Fiscalía.
Los chats y las transferencias que complican a Pablo Celi
En su intervención, la Fiscal señaló que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a la Empresa EP Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, que valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco planificaron obtener beneficios económicos.
En junio de 2019, José Raúl de la Torre y Roberto Barrera fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos relacionados con lavado de activos. Con esta información, Fiscalía inició una investigación previa y practicó varias diligencias, a través de las que se evidenció que un grupo de funcionarios públicos y personas particulares habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.
Esta organización –cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos– habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.
Ayer, Salazar expuso seis elementos de convicción, entre los que se incluyen conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados mediante pericias especializadas en la extracción y materialización, que evidenciarían la forma en la que operaba la estructura criminal, tanto con empresarios "a quienes solicitaba dinero", como con colaboradores "con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos".
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El juez Felipe Córdova suspendió la diligencia y dispuso su reinstalación para este jueves 9 de diciembre a las 10:30, para que Fiscalía continúe con la exposición de los elementos recabados durante la instrucción fiscal de esta causa.
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