El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificó a trámite el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, en el marco de la crisis energética que enfrenta el país.
En la sesión realizada la noche de este miércoles 8 de mayo, la mesa legislativa aprobó la solicitud luego de conocer el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político.
En vista de ello, se calificó su trámite en la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), por el presunto incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética.
El impulso para el juicio político contra la exministra proviene de dos frentes principales: el movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC). Fueron estos dos actores políticos quienes, respaldados por 40 firmas, presentaron formalmente la solicitud el pasado 24 de abril.
Lea también | Expertos contradicen la teoría de “sabotaje” del Gobierno sobre los apagones
Arrobo fue acusada de sabotaje y traición a la patria por el presidente de la República, Daniel Noboa, tras la serie de apagones registrados a escala nacional debido a una situación crítica en las hidroeléctricas del país.
Según la tesis del Gobierno, 21 funcionarios y exfuncionarios del sector eléctrico habrían ocultado información sobre el estado de estas centrales y habrían abierto las compuertas de la hidroeléctrica de Mazar para vaciar el embalse.
Según esta denuncia, presentada por la Secretaría General de Administración Pública, la entonces ministra habría "intencionalmente suprimido y desechado las advertencias y alertas (de la CENACE, el operador nacional de electricidad), con la finalidad de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones necesarias de manera oportuna, sin que se conozca la finalidad de su actuación; existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política".