Ayer sábado 26 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo sesionar por falta de cuórum, pues ochenta minutos después de la hora prevista, únicamente registraron su asistencia 66 asambleístas.
A la sesión no acudieron legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC), una parte de Pachakutik (PK) y varios independientes.
La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, cuestionó la falta de compromiso de los legisladores ausentes, frente a la convocatoria para la reinstalación de la sesión No. 766, efectuada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Dentro de la agenda de esta sesión estaba previsto tramitar el primer debate de los proyectos de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza; de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; del Código Orgánico Integral Agropecuario; de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de la Ley para el Fortalecimiento de la Consulta Popular y la Participación Política; de la Ley de Emergencia del Agua Potable de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames; y, el proyecto de resolución que solicita la Declaratoria del Estado de Emergencia sobre los ecosistemas vulnerables que actualmente atraviesan déficit hídrico a nivel nacional.
Llori dispuso a Secretaría que tome nota de los asambleístas ausentes, recordando que conforme lo previsto en el artículo 169 de la LOFL, constituyen faltas administrativas leves: faltar injustificadamente, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno y de las comisiones o dejar sin el cuórum necesario para la continuación de las sesiones.
La sesión 766 se mantiene suspendida y, en los próximos días, se procederá a una nueva convocatoria, a fin de continuar con el trámite de estas iniciativas legales.
Guillermo Lasso revela nombres de supuestos 'chantajistas' en la Asamblea Nacional
Por otra parte, cinco asambleístas del movimiento indígena Pachakutik han sido acusados por el presidente Guillermo Lasso de haber pedido beneficios económicos "a cambio de consignar su voto" a favor del proyecto de ley de inversiones que impulsaba el Ejecutivo.
En una carta dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, Lasso pidió investigar por el delito de concusión a los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, todos ellos del movimiento indígena Pachakutik, así como al asesor parlamentario Marcelo Rosero.