Aquiles Alvarez se queda sin su abogado un día antes de la audiencia Triple A, por presuntas amenazas
El abogado del Alcalde de Guayaquil denunció presuntas amenazas en su contra.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se quedó sin abogado a solo un día de la audiencia de vinculación en el caso Triple A, prevista para este miércoles 5 de marzo. Él y su familia son investigados por un presunto delito de comercialización ilegal de combustible a través de Copedesa.
Este martes, el burgomaestre compartió un mensaje de su abogado, Emilio Santacruz, en el que informó su renuncia a la defensa del caso debido a presuntas amenazas en su contra.
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"Dejo constancia sobre presuntas graves amenazas, tanto contra mi vida e integridad, así como contra la integridad de mi familia, amenazas que específicamente se encuentran relacionadas al patrocinio que he ejercido a favor de mi cliente el señor Alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del caso denominado AAA", expresó.
El abogado explicó que la decisión fue tomada tras un análisis conjunto con su cliente, considerando, además, "la difícil situación de inseguridad que atraviesa el país".
"Con mucho pesar y habiéndolo analizado con mi cliente, en base a mi seguridad personal y la de mi familia, de forma expresa renuncio a la defensa técnica como abogado patrocinador dentro de esta causa", anunció.
Asimismo, Santacruz calificó el proceso judicial como "injusto e infundado" y criticó la actuación de la Fiscalía, señalando una "aparente animadversión" contra su defendido. "Espero que dentro de este proceso prime la realidad objetiva e imparcial, sin ningún tipo de influencia, principios que lamentablemente no han sido aplicados por parte de Fiscalía", agregó.
Finalmente, el jurista anunció que presentará una denuncia formal respecto a las amenazas recibidas para que se realicen las investigaciones necesarias.
El caso 'Triple A' empezó con una denuncia presentada el 12 de julio del año pasado, por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, se informaba sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano.
De la denuncia se extrae que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado, sobre todo diésel, y el facturado por varias estaciones y empresas.
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