La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a una jueza que se señale día y hora para la audiencia de vinculación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otras nueve personas dentro del caso Triple A, que investiga un presunto delito de comercialización ilegal de combustible.
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La noticia llega luego de que el pasado miércoles, el Ministerio Público allanó cinco estaciones de combustible en El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
Por su parte, Aquiles Alvarez reaccionó en su cuenta de la red social X que su vinculación “se veía venir hace tiempo”.
“No hay elementos para vincular, esto es persecución pura y está demostrado en el proceso, soy el único en el país que se le planta al enano odiador y lo seguiré haciendo. Nada me va a callar”, escribió el burgomaestre.
Agregó que acudirá a la audiencia “sin problema” y escribió una serie de indirectas contra el presidente Daniel Noboa. “Pd: El que se pica, pierde”, reiteró al finalizar su comunicado.
La investigación se inició con base en una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se informaba sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano, ya que existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.
Inicialmente, el Ministerio Público investigaba a cinco personas naturales (Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.) y cinco jurídicas (Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel) por presunto almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
De hecho, Copedesa es una empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia. El caso ha provocado varios enfrentamientos entre él y el presidente Daniel Noboa, ya que el burgomaestre asegura que es persecución política.
Según la Fiscalía, existiría una relación de las empresas investigadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel. En dichas transacciones, se hallaron presuntas irregularidades.
Agrega que varias de las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo cual, se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio.