Salieron a la luz nuevas evidencias cometidas por Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien fue procesado este miércoles 30 de octubre por presuntas irregularidades en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia del 2023. El privado de la libertad habría pedido bases de datos encriptadas, según avanzan las indagaciones.
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Esta mañana se instaló la audiencia de reformulación de cargos en el denominado caso Pantalla. El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, pidió que los seis implicados en esta causa pasen de ser investigados por tráfico de influencias a asociación ilícita.
La solicitud fue aceptada por el juez y ratificó las medidas cautelares dictadas en las audiencias de formulación de cargos y de vinculación.
Durante la diligencia el Ministerio Público presentó 13 elementos de convicción contra Wilman Terán, quien permanece recluido en la cárcel 4 de Quito no solo por esta causa sino por otros procesos como Metástasis e Independencia Judicial.
Según los elementos levantados durante la investigación, el expresidente de la Judicatura se habría valido de su cargo para captar “el control de la Corte Nacional de Justicia, a través del Concurso de jueces de la Corte Nacional de 2023, en el que se pretendía lograr la mayor cantidad de plazas de jueces y conjueces”.
José Luis P. V., en su calidad de director nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, narró el 10 de abril de 2024 que recibió un informe de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre irregularidades en el concurso.
En el documento se menciona una supuesta disposición del despacho de la Presidencia de la Judicatura para entregar bases de datos encriptadas que contenían los bancos de preguntas y respuestas del concurso.
“Los respaldos fueron sustraídos, almacenados y entregados en un disco duro a quienes afirmaban ser delegados de la Presidencia del Consejo de la Judicatura”, apuntó el funcionario, según menciona la Fiscalía.
En este contexto también se presentaron como elementos dos resoluciones suscritas por Wilman Terán y otros implicados para conformar los tribunales de recalificación de la prueba teórica del concurso.
Este caso está vinculado con el proceso de selección de siete jueces de la Corte Nacional, iniciado en 2023, y declarado nulo en enero de 2024.
El exlíder del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, señaló a principios de este año que se detectaron múltiples irregularidades en cada etapa del proceso, infringiendo principios constitucionales como la seguridad jurídica, la transparencia, la igualdad, la no discriminación, la paridad, la integridad y la publicidad.
De acuerdo con las autoridades, entre las irregularidades identificadas figuran la solicitud de desencriptación de datos del banco de preguntas de la Fase de Oposición del concurso por parte de personal de la administración de Wilman Terán.
En abril de 2024, se llevaron a cabo los primeros allanamientos del caso Pantalla en diversas zonas de la provincia de Pichincha: Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñahui y Calderón.