En estas semanas, Ecuador ha descubierto la existencia de un macabro cordón entre narcotraficantes, políticos, jueces y fiscales en los casos Metástasis, Purga y Plaga. Legisladores importantes para dos partidos resultaron piezas claves en los entramados. Testimonios anticipados de algunos de los enjuiciados confirmaron pagos para la liberación de delincuentes apresados. Wilman Terán, quien llegó a presidir el Consejo de la Judicatura, según su hombre de confianza redactó la sentencia para que un juez de menor instancia la presente y se libere ilegalmente al exvicepresidente Jorge Glas. En Brasil hubo una reunión del expresidente Correa con otro de los jueces detenidos para establecer directrices sobre el manejo judicial. Correa confirmó la reunión, pero negó el acuerdo. A los escándalos judiciales, se sumó la toma de la sede de la embajada de México para evitar la fuga del exvicepresidente Glas. En el incidente vimos operar contra Ecuador a todos los coidearios y amigos del expresidente Correa, pidiendo sanciones para el país, por ende, para todos los ecuatorianos. A la par, en Miami, en el juicio al excontralor Carlos Pólit revivimos el reparto de sobornos en Odebrecht y en Seguros Sucre. Ahí se desmoronó la tesis de lawfare, la narrativa iniciada del correísmo para negar los casos de corrupción en su contra. Y en medio de las revelaciones, el país quedó paralizado por la falta de energía eléctrica, justo en la semana en que debió votarse por la consulta popular. El presidente Daniel Noboa se defendió acusando de sabotaje a la ministra que él nombró y a altos funcionarios de las empresas eléctricas. Una investigación judicial confirmará o negará el hecho.
Sorprendentemente, el sentido común imperó en la consulta en las preguntas sobre la seguridad y no se castigó al presidente Noboa por el descontento con los apagones. Sin embargo, no hubo sentido común para aprobar dos preguntas: el trabajo por horas y el arbitraje internacional para las controversias en inversión. El generoso paquete adicional que rigen en los salarios nacionales resulta un impedimento para generar empleos y por ello, hay tanta dificultad para encontrar trabajo y el defectuoso sistema judicial nacional es un disuasivo para inversionistas foráneos, que podía haberse corregido si se aprobaba la pregunta. Ecuador sigue de espaldas a la competitividad que exige el siglo XXI.
No obstante, en medio del caos vivido, hay una figura todavía no empañada, a pesar de los múltiples ataques a su gestión: la fiscal Diana Salazar, quien acaba de ser considerada por la prestigiosa revista Time como una de las cien personalidades más influyentes. Un justo homenaje a Salazar, quien no desmaya en su gestión por ponerle fin a la impunidad.
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