El lunes 8 el Consejo de Participación Ciudadana escogió a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura, organismo encargado de la administración del Poder Judicial: seleccionar, contratar y sancionar a los funcionarios judiciales. Martínez, una catedrática con amplia experiencia judicial, era una esperanza para la renovación de la justicia, la columna vertebral de un Estado de derecho, que en los últimos meses ha dejado en evidencia que está contaminada por intereses protervos del narcotráfico y la política. En pocas horas, la política intervino y el Consejo de Participación escogió como nuevo presidente a Mario Godoy, jurista cercano al partido Revolución Ciudadana por haber ocupado cargos importantes en dicho régimen y por haber sido defensor judicial de algunas figuras ligadas al mismo.
Su nombramiento ha causado sobresaltos por la manera en que ocurrió y por sus relaciones con un partido cuyo único objetivo es invalidar los juicios en contra de altos funcionarios para permitir su regreso y seguir en la política, sin afrontar las responsabilidades administrativas y judiciales por errores que cometieron. Es decir, consagrar la impunidad. Nada atenta más contra un Estado de derecho que la impunidad. Ella socava la institucionalidad y promueve la injusticia y la desigualdad. Los ecuatorianos estamos viviendo las consecuencias de una justicia que ha servido a los intereses del crimen organizado y la política, como es evidente en los casos Metástasis, Purga y Plaga. No obstante, el desafío del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura es demostrar que para él Ecuador está por encima de la política.
