Según el índice que mide el Estado de derecho, que anualmente publica la ong World Justice Project, Ecuador ocupa el puesto 92 entre 139 países. Entre las causas más importantes para este deshonroso lugar está la impunidad de quienes poseen poder económico, político y ahora delictivo. Recientemente, hemos contemplado absortos que, en la Asamblea Nacional, parlamentarios de la Revolución Ciudadana se han enfocado en destituir a la fiscal general Diana Salazar no porque hubiera tenido “un incumplimiento de funciones”, sino por revertir las sentencias condenatorias para sus más altos dirigentes. Primero buscaron que el juicio político ocurra el mismo día que la audiencia del caso Metástasis. Luego pretendieron un careo con un asambleísta hoy fuera de esa bancada, enjuiciado por sus relaciones con el crimen organizado. Como ella al retirarse del recinto legislativo no cayó en la trampa, que la hubiese obligado a apartarse de dicho caso, otro asambleísta de la misma bancada buscó iniciar un nuevo proceso político en su contra. El anuncio de un embarazo de alto riesgo y el pedido de la Fiscal para que se realice un juicio sin sobresaltos hizo que con voto mayoritario el juicio se posponga, con lo cual de ocurrir sería a finales de su mandato y los importantes casos que hoy se tramitan podrían llegar a sentencias.
Intentar acallar a quienes investigan y judicializan a poderosos que han violado la Ley es una de las caras más visibles de la impunidad. Y donde hay impunidad, los omnipotentes evaden su responsabilidad mientras que, los ciudadanos de a pie sufren por abusos, falta de transparencia e inequidad. En 2023, hubo 7.878 asesinatos en Ecuador y apenas 584 fueron resueltos. La impunidad afecta la confianza en las instituciones políticas y es el fuego que alimenta la violencia, que hoy vive Ecuador, donde la desconfianza ha hecho que los afectados por injusticias, recurran con frecuencia a aplicar la justicia por mano propia. Necesitamos que quienes ejercen posiciones de liderazgo, sean ejemplos de ciudadanos que respeten el Estado de derecho. Si esto no ocurre, Ecuador seguirá por una pendiente de violencia y desesperanza.
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