La difícil lucha contra el crimen organizado que corroe a las instituciones y a la sociedad ecuatoriana tiene una luz de esperanza. Además del compromiso del presidente Daniel Noboa, del apoyo de las fuerzas militares alas policiales en este combate, ha entrado en vigor un acuerdo con Estados Unidos que permitirá, entre otras acciones, una vigilancia conjunta en el mar territorial contra organizaciones narcocriminales, flotas extranjeras que pesquen ilegalmente en nuestras aguas, organizaciones que promuevan el tráfico de migrantes y aeronaves sospechosas de infringir la Ley. El acuerdo fue negociado durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso y ha sido puesto en vigencia tras el dictamen de la Corte Constitucional, que determinó que no se requería de la aprobación de la Asamblea, pues no había infracciones constitucionales. Es una buena noticia. El país está viviendo las consecuencias desastrosas de no haber renovado el anterior acuerdo con Estados Unidos para las operaciones de la base aérea de Manta. Durante la década de vigencia de este, Ecuador tuvo un elemento disuasivo para que al país no ingresen los grandes carteles de la droga, que operaban en los países vecinos.
El nuevo acuerdo establece con claridad los puntos de cooperación entre las dos naciones y regula la participación y asesoría norteamericana, que en nuestro territorio será siempre en conjunto con las fuerzas locales. También asegura que la confiscación de la carga y los buques en aguas territoriales correspondan a Ecuador y se determine a través de los procesos legales nacionales su destino o devolución en caso de los buques. Todo esto significa un avance importante en la lucha en que el país está empeñado. Es una batalla de tal dimensión, que la tenemos que enfrentar unidos internamente y aceptando toda la ayuda posible de países que, como Estados Unidos, han sido nuestros socios tradicionales y cuentan con la tecnología, la información y experiencia en combatir al crimen organizado y a las mafias internacionales. Queda por aprobar, a través de la consulta, la participación permanente de las Fuerzas Armadas en esta guerra interna y la extradición de los criminales más avezados; esto último ha ocurrido en países con un nacionalismo más profundo que el nuestro, como es el caso de México.
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