¿Tomar las armas en Ecuador?
La sola postulación del discurso de la toma de armas –‘con todos los permisos y requisitos de ley’–representa un mensaje muy peligroso para la sociedad por muchos motivos.
Primero, porque rompe el pacto social. Las personas cedimos parte de nuestra libertad al Estado para que haga cosas muy puntuales, entre ellas, monopolizar el uso de las armas y proveernos seguridad para evitar que cada cual se cuide como pueda. La liberalización del discurso de las armas es, en esencia, un atentado al Estado liberal y a nuestras reglas de cesión de libertades y asunción de obligaciones. Es una traición.
Segundo, la ruptura de esta promesa tiene efectos colaterales en la confianza sobre la institucionalidad en general. Si la ciudadanía percibe que el Estado no puede garantizar su seguridad y si la respuesta ante ello no es mejorar la gestión, sino el traslado de responsabilidades a la persona –obtenga su permiso para portar un arma– es cuestión de tiempo hasta que la debilidad institucional permee también la ya mermada confianza en la justicia, en la educación, en la salud y deje el peor de los gobiernos: el que segrega a quienes pueden pagar armas, seguridad, justicia, de quienes deben aguantar la mediocridad estatal. Por último, este debate exacerba y legitima discursos machistas y bravucones difíciles de rebatir desde la razón – ¿cómo responder la imagen del hombre decidido, gritón, poderoso y fuerte que promete matar a los delincuentes con sus propias manos sin chistar?
Desde la orilla de la defensa de la libertad de portar armas hay debates abiertos que tampoco pueden ignorarse. En Estados Unidos, por ejemplo, la segunda enmienda de la Constitución establece el derecho a poseer y portar armas –algo que no existe en Ecuador. Históricamente, este derecho estuvo asociado con un interés militarista de la naciente unión americana que buscaba que los ciudadanos tengan armas para multiplicar el ejército y defenderse de una amenaza externa. Por décadas, la Corte Suprema y la academia han debatido sobre el alcance de ese derecho y la capacidad de los Estados para regularla ante la escalada de tiroteos. Recientemente, la Corte analizó una ley de Nueva York que requería que las personas demostraran la necesidad de portar un arma en público para obtener una licencia. Los jueces la anularon, pues limitaba el derecho de la segunda enmienda.
Pocos temas han producido tanta división en Estados Unidos como este. El derecho establecido en 1791 se confronta con la abrumadora evidencia que, por años y consistentemente, apunta a que no existe correlación alguna entre armas y seguridad y que los efectos colaterales son perniciosos. Los Estados con las tasas más altas de armas tienden a un alta en las tasas de muertes por armas. Estudios del CDC han mostrado que a mayor facilidad en el acceso a armas, mayor probabilidad de suicidio. Además, la mera presencia de armas en una situación tensa puede escalar el conflicto. Esto ocurre especialmente en situaciones de alta emocionalidad, como en la violencia contra la mujer.
Las consecuencias de liberalizar el discurso de las armas no es un tema menor. Puede ser devastador para nuestra seguridad y para el Estado liberal. Deja, además, un mensaje gravísimo para la sociedad: ante la traición del Estado frente a su principal promesa –cuidarnos– las personas no solo que debemos aceptarlo, sino que nos dividimos entre los que tomarán el discurso de las armas y quienes esperaremos, indefensos, el cumplimiento de la deuda del gobierno.
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