¿Conviene o no decir adiós a las armas?
¿Se sentiría usted más protegido si llevara un arma de fuego? Por cada 10 habitantes en el planeta, uno de ellos está armado, según la organización especializada Small Arms Survey. Los estadounidenses tienen la mayor cantidad de armas per cápita. Cuatro de cada 10 personas en ese país tienen una pistola o viven en una propiedad protegida, según el Centro de Investigaciones Pew. En Ecuador, la legislación nacional impide portar armas, pero sí faculta a tramitar permisos para tenerlas dentro de una propiedad.
Si bien la normativa no es nueva –data de 2011– el debate se reactivó en noviembre del 2018. Esto, luego de la difusión de un video que mostraba la detención del ganadero y político Vinicio Arteaga Lalama. Según informes de inteligencia militar, en su propiedad se encontraban armas. La hacienda del ganadero se encuentra entre Santo Domingo de los Tsáchilas y El Carmen.
Durante el allanamiento, los uniformados encontraron tres armas de fuego: dos revólveres de calibre 22 y una pistola de nueve milímetros, con permisos, adquirida en 2001, según explica a Vistazo. “Adquirí la pistola en 2001, luego de haber sufrido un intento de secuestro, durante el cual recibí disparos. La medida fue una recomendación de la Policía, porque me encontraba amenazado de muerte por las siete personas que fueron apresadas y sentenciadas. Recibí durante dos años protección policial, quienes me perseguían tienen antecedentes por asesinato, tráfico de armas y de precursores químicos”. El empresario no descartaba que su detención –que duró casi un día, hasta que fue liberado por falta de pruebas– hubiera tenido motivaciones políticas.
“En los indicios del allanamiento incorporaron un rifle de juguete y de aire”. Su caso activó un debate que parecía superado hace una década. ¿Tienen los ciudadanos el derecho a armarse en procura de su propia seguridad?
“Nos asaltan en el portal de nuestras casas, al salir del banco, en los cajeros, en cada semáforo, en los centros comerciales, con armas, no les importan niños, mujeres o ancianos”, cuestionaban por la red Twitter un usuario al comentar la detención de Arteaga. Por esos días circuló un documento falso por la misma red. Según él, el Ministerio del Interior autorizaba el porte de armas: no fue así, pero contribuyó a la confusión. Varias imágenes de asaltos con hombres armados se viralizaron, sincronizadamente.
Detrás de la desinformación por redes, se vislumbra la intención por deslegitimar el liderazgo del Ministerio del Interior, que por primera vez desde su creación lo dirige una mujer, María Paula Romo. Dos corrientes se disputaban la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica (ex Senain), luego de que renunciara su titular, Jorge Costa. El ala correísta no logró reposicionarse en Inteligencia.
Menor criminalidad
“No se puede permitir el porte libre de armas”, advierte el académico Fernando Carrión. Más que argumentos, exhibe un mapa de los Estados Unidos. Los puntos rojos especialmente agrupados a lo largo de la Costa Oeste representan las vidas de adolescentes que fueron abruptamente terminadas por tiroteos. Mientras casi todos los países conceden licencias y regulan la tenencia de las armas de fuego, Estados Unidos no tiene un registro nacional, y 30 de sus estados permiten tener pistolas, sin licencias ni permisos, advierte un estudio de Amnistía Internacional.
En 2016, el último año del que se disponen estadísticas, más de 38 mil personas murieron y 116 mil sufrieron heridas no mortales en ese país por el uso de armas de fuego. La violencia con pistolas afecta a la comunidad afroamericana: es la principal causa de muerte de niños y hombres de entre 15 y 34 años, según Amnistía.
Por el contrario, Ecuador revisó su política pública a partir de 2007. En mayo de ese año el país empezó una campaña de desarme voluntario. Un conjunto de medidas apuntó a desincentivar la compraventa de armas pequeñas: el aumento del 300 por ciento al Impuesto a Consumos Especiales en la compra de estos artefactos; la prohibición de la importación y de la producción local. Hasta entonces, la economía de localidades en la provincia de Bolívar, y en menor medida en la de Carchi y de Manabí, se articulaba a la fabricación de armas artesanales. En 2011 se prohibió portar armas y se endurecieron los requisitos para la tenencia.
Los resultados de la política se relacionan con la reducción de la tasa de homicidios intencionales en el país. En 2010 hubo 2.623 homicidios; en 2017 fueron 972. Hacia mediados de noviembre de 2018, la cifra llegaba a 862. En suma, se redujeron a menos de la tercera parte.
Ecuador es el segundo país de la región con la tasa más baja de homicidios intencionales, según cifras de la organización académica InSight Crime. A 2017, la tasa era de 5,8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según la organización independiente Gun Policy, en Ecuador hacia 2017 había un estimado de 400 mil armas de fuego; la mitad tendría origen ilícito. ¿Dónde están los 10 mil fusiles que donó China al país durante el gobierno de Rafael Correa?
En zonas conflictivas, como la frontera norte, en lo que va del año la Policía decomisó un total de 318 armas, en las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, según reporta la Zona 1, a cargo del general Juan Jaramillo Paredes. Entre las armas decomisadas hay inclusive ametralladoras. Para garantizar la seguridad en esta zona, la institución policial firmó un contrato para comprar 400 armas de largo alcance. Aún no llegan al país.
A nivel nacional, según el Ministerio del Interior, el robo a personas se redujo el último año. A la luz de estas cifras debe plantearse el debate sobre la política nacional del porte de armas.
“La respuesta no es armar a la población”
El general Hernán Patricio Carrillo es el director general de Operaciones de la Policía. Explica a Vistazo porqué no conviene legalizar el porte de armas de fuego para todos los ciudadanos.
- ¿No todo el mundo puede portar armas en el país? ¿Por qué?
La tenencia debe ser una concesión que da el Estado a determinados ciudadanos, entre ellos, personas que pueden ser coleccionistas, personas dedicadas a deportes, pero nada relacionado con seguridad. No es un derecho de los ciudadanos a estar armados, es una concesión que da el Estado en función de criterios estrictos.
- La medida se adoptó en 2011, ¿qué impacto tuvo?
A 2014 América tuvo los índices de homicidios más altos, con arma de fuego. Lo más grave son las proyecciones. Ecuador fue el primero en ir contra la tendencia, uno de los pocos que logró bajar las tasas de homicidios, pero para eso primero corrigió la política del uso de armas.
- Tras el vídeo del ganadero detenido, se han subido vídeos de robos con pistola. Muchos se preguntan si es hora de revisar.
Para algunos sonará tentador escuchar una propuesta acá pero le va a traer un daño enorme a la sociedad. Cierto que había poblaciones cuya economía se articulaba alrededor de la fabricación de armas artesanales, había industrias que vivían de eso, pero no podemos regresar. Cerrar el acceso a las armas nos permite hacer mejor trazabilidad de los homicidios y esta es una forma de reducir la impunidad. Para ello se requiere tecnología especial. Por ahora el control de armas no lo tiene la Policía, sino Fuerzas Armadas.
- ¿Y debería tenerlo la Policía?
Creemos que el debate es dónde debe estar el control de armas, en una sociedad respetuosa de la democracia debería estar en la Policía. Debatamos quién debe tener el control, bajo qué condiciones de rigurosidad deben entregarse las concesiones. Pero miremos las cifras. El nuestro es el segundo país con menos homicidios intencionales, con armas de fuego.
- Muchos se quejan de que los delincuentes son los que están armados, y piden igualdad
El problema del país es la violencia interpersonal, intrafamiliar. El 60 por ciento de muertes es por problemas entre conocidos y peleas espontáneas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, en las cuales no participan las armas. Ahora, si a este coctel cultural le sumamos armas, vamos a tener un problema enorme, va a dispararse el nivel de mortandad. Por eso se debe mantener la política de cerrar el acceso a las armas.
- Quienes piden libre porte de armas dicen que tienen derecho a la legítima defensa.
Veo con preocupación eso. Somos campeones como sociedad ecuatoriana para etiquetar y para perseguir a gente etiquetada, eso nosotros en la Policía lo vemos muy frecuentemente. Casi siempre nos piden perseguir a grupos etiquetados. Llamadas al ECU 911 para que retiren a afroecuatorianos, a gente que ven vestida de una forma y la califican de hippies, de mariguaneros. Esas etiquetas y estigmas agravan el problema. Si se autoriza el porte de armas, la gente va a pensar que eso le autoriza a disparar.
- Los policías sí portan armas.
Fíjese los problemas que tenemos cuando un policía hace legítimo uso de la defensa, es un trámite judicial enorme para probar eso. No hay garantía jurídica para portar armas. Uno les dice a los policías: “Es preferible que porten armas y no la necesiten a que la necesiten y no la tengan”. Un buen policía debe saber y no debe dudar cuando tiene que hacer el uso progresivo de la fuerza. Lo que no sabemos es cuál es el nivel de preparación de la gente que quiere tener el poder del arma de fuego y luego no va a saber ni cómo ni cuándo utilizarla y que luego se va a victimizar por una injusticia, el uso va a revertirse contra ellos.
- ¿Cuál es la opción?
La mejor protección es procurar en su entorno la convivencia pacífica. Hemos visto presiones ligadas a herencias, factores económicos, juicios de divorcios, régimen de visita a hijos, por eso hay violencia. Segundo, peleas espontáneas en jóvenes con enormes inequidades en barrios marginales, hay el estigma, la inequidad, sentimiento de exclusión, están en desempleo. Si a ellos se les facilita el acceso a drogas, alcohol, armas, se va a aumentar el problema. Créame, la apuesta no es armar a la población.
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