Prioridades y desafíos
El próximo periodo presidencial en Ecuador regirá hasta el año 2025, a tan solo cinco años del plazo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual constituye un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas en todo el mundo.
Con miras al año 2030 es fundamental consolidar acciones para hacer frente a la pobreza, para empoderar a las mujeres y las niñas y para afrontar la emergencia climática. Sin embargo, este nuevo periodo presidencial ecuatoriano debe afrontar un factor adicional: la crisis desencadenada por la COVID-19.
La pandemia ha impactado a más de un sector de la sociedad ecuatoriana profundizando, la crisis económica del país. Las previsiones del Banco Mundial indican que Ecuador es uno de los países de la región en donde la contracción del PIB será más elevada. Esto se debe a la fragilidad de la estructura económica ecuatoriana, que ya venía experimentando una contracción antes de la llegada de la COVID-19. El impacto de la pandemia en la actividad económica se refleja en los indicadores de empleo.
Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), muestran cómo en 2020 se redujo significativamente la proporción de población con empleo adecuado (del 38.8% en 2019 al 30.8% en 2020), mientras que se incrementó el subempleo (del 17.8% en 2019 al 22.7% en 2020) y el desempleo. Por otra parte, cada vez son más las personas que no saben si podrán alimentar a sus familias de un día para otro. Se estima que 2,7 millones de ecuatorianos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa.
En este contexto, el nuevo gobierno tiene el desafío de hacer frente a las repercusiones económicas derivadas de la pandemia, mismas que podrían ser mucho más graves y duraderas que las de carácter sanitario, con impacto en la capacidad productiva del país. El fortalecimiento y la sostenibilidad de la seguridad social serán acciones fundamentales, así como el empoderamiento económico de la mujer y el apoyo a la agricultura familiar y campesina.
Otro de los desafíos importantes que deberá afrontar el gobierno es la situación actual de la educación y los impactos de la pandemia en el acrecentamiento de brechas de información y acceso educativo para niñas y niños. La suspensión de la educación presencial ha profundizado los problemas preexistentes donde 268.000 niños se encontraban fuera del sistema educativo y 187.267 tenían rezago escolar. El nuevo Gobierno tiene el desafío de planificar un retorno progresivo y voluntario a las aulas, y solventar las brechas en el sector educativo que dejarán los años 2020 y 2021.
En Ecuador 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica infantil, situación que se agrava aún más en contextos indígenas donde 1 de cada 2 niños y niñas la padece. Asimismo, la igualdad de género y la reducción del embarazo adolescente son temas prioritarios que requieren del fortalecimiento urgente de políticas públicas de salud, salud sexual y reproductiva y nutrición.
Por otra parte, el país enfrenta retos en materia de derechos humanos, con respecto a la protección de los derechos de pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, personas LGBT y personas en movilidad humana, lo cual muestra la necesidad de fortalecer el sistema judicial y los programas de protección social, así como la generación de espacios interinstitucionales que promuevan respuestas de cooperación nacional e internacional articulada.
La COVID-19 ha agravado la situación nacional donde la pandemia tiene el potencial de empujar a más personas a la pobreza y al hambre. Son desafíos enormes para este nuevo gobierno y para la región de Latinoamérica. Es un llamado al trabajo articulado y conjunto entre el gobierno, agencias multilaterales y todos los sectores de la sociedad para proteger a las comunidades más vulnerables de las consecuencias potencialmente devastadoras de la pandemia.
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