Nueva ley de comunicación
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Siempre supe que la Ley Orgánica de Comunicación dejada por el gobierno anterior tenía que anularse o reformarse. Aunque aún falta el paso final para que la Asamblea se allane al veto del Ejecutivo, ya se encuentran correcciones importantes, como insistir en que la comunicación es un derecho y no un servicio público.
Se anula la adjudicación automática de frecuencias y se determina otra distribución para medios privados, públicos y comunitarios. Se hará, entonces, otra adjudicación, lo cual permitirá revisar los aspectos constitucionales y legales que se planteen en las peticiones. Esperamos que el Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel acojan las observaciones de Contraloría con respecto a tres grupos a los que se pretendía favorecer, dando paso a la concentración de medios prohibida por la ley. Es particularmente importante revisar las concesiones ¨temporales¨ que se hicieron a un ciudadano extranjero, sin considerar tal condición, y que acumuló dos cadenas de televisión gracias al favoritismo del gobierno anterior.
No pueden ignorarse los pronunciamientos ya hechos por Contraloría, aunque esta entidad vaya a entrar en reestructuración. La investigación y el informe que alude a las frecuencias fue hecho por el doctor Pablo Celi en pleno ejercicio de sus facultades.
Hay grandes intereses en juego. No faltarán las presiones que ya actuaron en el gobierno anterior. Se espera, ahora, que los titulares de Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones actúen con la misma transparencia que, entendemos, busca el Presidente de la República.
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