La presión para extraer petróleo en la Amazonía se enfrenta a la resistencia indígena
La consulta de agosto de 2023 en Ecuador fue una victoria desafiante para un país cuya actividad económica más importante es la producción petrolera.
Hace casi un año, en agosto de 2023, los ecuatorianos hicieron lo que ningún otro país había logrado hasta ahora: el 59% de los votantes aprobó una consulta popular para detener la extracción de petróleo en una zona protegida de su Amazonía.
Fue un momento clave para los movimientos indígenas y ambientalistas en el mundo que vieron en Ecuador un precedente para decidir sobre la explotación del petróleo. No era solo una medida que limitaba la exploración de nuevos pozos a futuro, sino que también prometía detener la actual extracción en un bloque dentro del Parque Nacional Yasuní. Fue también una victoria simbólica y desafiante para un país cuya actividad económica más importante es la producción petrolera.
El referéndum estableció un plazo de un año –que vence en agosto de este año– para desmontar las instalaciones del Bloque 43-ITT, que opera Petroecuador en la zona. Sin embargo, a tres meses de la fecha límite para cumplir con el referéndum, la administración del presidente Daniel Noboa está lejos de cerrar el bloque. Las organizaciones de la sociedad civil, federaciones indígenas e incluso el actor estadounidense Mark Ruffalo, denuncian que el proceso se está aplazando y que no se cumpla con la consulta ciudadana.
"En la práctica, no se va a cumplir", dice a OjoPúblico Nathy Yépez, asesora legal en Ecuador de la organización sin fines de lucro Amazon Watch. "Hasta ahora, la Corte (Constitucional) ha guardado silencio, no ha dicho nada en torno a la ejecución" de la consulta.
El presidente Noboa anunció a principios de mayo la creación de un comité para desmantelar el bloque petrolero, pero hasta el momento, no ha detallado fechas ni plazos para el cierre. La resolución de la Corte Constitucional que aprobó la consulta había decidido que todas las instalaciones del bloque fueran desmanteladas y devueltas a su estado original antes del 31 de agosto de este año.
"El 8 de mayo con la firma del decreto 257 iniciamos el proceso para el retiro ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43", respondió Noboa al actor por la red social X. "Quiero que sepan que esto es una prioridad para este gobierno y cuentan con todo nuestro respaldo", agregó Noboa.
El caso del Yasuní se da en un contexto importante para la región sobre la explotación del crudo, aunque varios de los países de la Amazonía hayan ratificado convenios internacionales –como el Acuerdo de París– que desincentivan la explotación de hidrocarburos. Varios países amazónicos, incluyendo a Perú y Brasil, están impulsando nuevos proyectos petroleros que impactarán en la Amazonía.
El único gobernante sudamericano que se ha pronunciado en contra de nuevos proyectos petroleros en la Amazonía es Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien difirió de los otros líderes durante la Cumbre Amazónica 2023 en Belén (Brasil) al decir que la extracción de crudo en la selva era una "contradicción".
Kevin Koenig, director de industrias extractivas, energía y clima de Amazon Watch, sostiene que existe "una encrucijada" entre los países que sí han comenzado la transición energética y otros "donde hay un regreso, un retraso, donde sí quieren todavía seguir explotando".
En Brasil, la gigante estatal Petrobras está apelando una decisión del Ministerio del Ambiente para comenzar a extraer petróleo en la desembocadura del río Amazonas en el Margen Ecuatorial cerca de Guyana Francesa, donde sus propios ejecutivos dicen que han encontrado "la última trinchera de la era del petróleo para Brasil". La perforación sería en alta mar, pero las comunidades locales y defensores ambientales argumentan que no se han evaluado todas las consecuencias que podría sufrir la zona.
Este mes, la agencia ambiental del estado, el Ibama, exigió a la empresa que evalúe el impacto socio ambiental de su nuevo proyecto antes de comenzar la extracción. La federación indígena de la región, el Consejo de Caciques de los Pueblos Indígenas de Oiapoque (CCPIO) ha pedido que la compañía se comprometa a un proceso de consulta a las comunidades.
Brasil es el productor de petróleo más importante de Sudamérica. En diciembre del año pasado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó otro paso en esa dirección al anunciar que este país se uniría como observador a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que fija los precios del petróleo a nivel mundial.
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El lote 64 en Perú
En menor medida, Perú –el segundo país con la mayor extensión de la Amazonía– también ha tomado pasos para aumentar su producción nacional de petróleo. Una investigación de OjoPúblico reveló en 2023 que el gobierno ha comenzado a promocionar internacionalmente 31 áreas con potencial de hidrocarburos que se superponen a 435 comunidades indígenas amazónicas, y a dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIACI).
Y actualmente la empresa estatal Petroperú está evaluando comenzar a desarrollar el Lote 64, un bloque petrolero ubicado en la frontera con Ecuador donde aún no se ha extraído petróleo.
Varias empresas han intentado comenzar a sacar crudo del Lote 64, que se encuentra en territorio de las naciones indígenas Achuar, Wampís y Chapra. Pero la oposición de las comunidades ha impedido que se comience a extraer en la zona.
No obstante, la situación financiera de Petroperú está en un punto crítico después de que la construcción de una moderna refinería en Talara, que tiene la capacidad de refinar hasta 95.000 barriles de crudo al día, la ha sumido en más deudas. La empresa ha dicho que comenzaría a expandir su producción en lotes amazónicos.
Bajo este escenario, la estrategia más reciente de las organizaciones indígenas ha sido la de hablar directamente con los bancos que le han emitido bonos a la empresa para seguir operando.
"La refinería en Talara es como un bebé grande que necesita lactar 100.000 barriles para poder desarrollar bien ese bebé", dijo a OjoPúblico Olivia Bisa, la lideresa indígena de la Nación Chapra. "Entonces, ¿quién la va a amamantar?"
Consultado sobre este tema, Petroperú no respondió a las denuncias de las comunidades sobre el Lote 64 antes de la publicación de este artículo.
La presidenta de la Nación Chapra, quien fue a Nueva York en abril de este año para sostener reuniones con varios bancos junto a Amazon Watch, ha denunciado amenazas de muerte desde mediados del 2022. Ese año, Olivia Bisa comenzó a denunciar el más reciente derrame de petróleo del antiguo Oleoducto Norperuano que opera Petroperú.
"Más de 50 años lo hemos vivido de cuáles son los efectos negativos que causa el sector petrolero. Yo no puedo decir cuál es el efecto positivo porque no tenemos. Si yo diría, yo tengo una escuela, bien implementada con buena tecnología, gracias al petróleo, pues te diría es uno de los beneficios. O si yo tuviera un hospital, o yo tuviera un puesto de salud, con una buena infraestructura y las medicinas que entren cada mes o dos meses, yo diría, 'esto es producto del trabajo de los petroleros'. Pero no hay", señala Bisa.
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Un negocio rentable
La Amazonía sigue siendo un punto importante –y rentable– para la extracción de hidrocarburos.
Un reciente estudio encabezado por la organización ambiental Rainforest Action Network encontró que los 60 bancos privados más grandes del mundo han financiado la extracción de combustibles fósiles en el mundo con USD 6,9 billones en los siete años después de la firma del Acuerdo de París. Junto al grupo investigativo Stand.earth, el estudio concluyó que de esa cantidad, un total de USD 11 mil millones fueron destinados para la extracción de petróleo y gas natural en la Amazonía.
Los bancos que más han desembolsado fondos para la industria de hidrocarburos en la región son los bancos estadounidenses Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, el banco inglés HSBC y Santander, de España. Según el informe, Petróleos del Perú S.A. ha recibido financiación de más de USD 3.000 millones de varios bancos desde el 2016 hasta el 2023. Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) ha recibido casi USD 19.000 millones en ese mismo plazo de tiempo, señala el informe.
En reuniones con Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, la lideresa Olivia Bisa dijo que aunque no hubo compromisos concretos de los bancos, dijo que sí recibieron la información que los líderes indígenas llevaron sobre Petroperú y en algunos casos accedieron a reunirse nuevamente. Uno de los argumentos de los líderes indígenas es que la empresa estatal no ha consultado a sus comunidades sobre la extracción de petróleo.
"Cuando hacemos resistencias desde acá, pocas veces nos escuchan. Poco sabe el mundo que estamos luchando", señala Bisa. "A raíz de las experiencias que hemos vivido como derrames petroleros, contaminaciones, nosotros dijimos, 'No, ya basta, hasta aquí nomás".
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