¿Por qué es urgente hablar en Ecuador de políticas culturales territoriales?
Un 38,6 % de trabajadores del arte y la cultura en Ecuador tuvo un trabajo inestable durante el 2021.
Resulta urgente pensar en el fortalecimiento de políticas culturales territoriales de localidades en donde, históricamente, han primado el clientelismo y la espectacularización del arte y la cultura. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen las competencias necesarias para incidir en las condiciones de los trabajadores de la cultura.
Hablar de políticas culturales territoriales resulta urgente en un momento de recuperación económica pospandémica. Desde muchos espacios se ha discutido que el sector de las artes y la cultura ha sido uno de los más afectados debido a la prohibición de eventos con público y la falta de medidas tomadas por parte de entidades oficiales.
La 2da Encuesta de Condiciones Laborales en Trabajadores de las Artes y la Cultura demostró que el 38,6 % tuvo un trabajo inestable durante el 2021. Ante estas cifras es imprescindible pensar en cuál debe ser el rol de los gobiernos autónomos descentralizados (prefecturas, municipios, juntas parroquiales) en la recuperación de la situación económica y laboral del sector. Al respecto, el 89,37 % de los encuestados también declaró no haber recibido ningún tipo de ayuda de los municipios.
LAS INSTITUCIONES DETRÁS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Para el 2008, los alcaldes de las ciudades que contaban con centros históricos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, formaron la Red de Ciudades Patrimoniales y mantuvieron una agenda activa durante varios años. La conformación de esta Red fue impulsada y apoyada por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El Ministerio Coordinador de Patrimonio tuvo un rol fundamental en el funcionamiento de la Red puesto que creó un proyecto de prioridad nacional, llamado Ciudades Patrimoniales del Ecuador, para potenciar el patrimonio cultural en las ciudades (zonas rurales y urbanas) integradas a la Red mediante el fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, gestión de recursos para la dinamización económica de las ciudades, la puesta en valor de estos sitios, precautelando los valores patrimoniales y socioambientales de las poblaciones y la ampliación de declaratorias para la integración de nuevas ciudades y territorios.
María José Icaza, directora de Vinculación con la Comunidad de la Universidad de las Artes, menciona que la Red de Ciudades Patrimoniales tuvo como objetivos la coordinación de acciones conjuntas para la protección gestión de ciudades y áreas patrimoniales. Durante 2009 y 2013, el Proyecto Ciudades Patrimoniales del Ecuador (del Ministerio Coordinador de Patrimonio) conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural apoyó el fortalecimiento de esta Red mediante de la realización de encuentros para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades, el diagnóstico de las capacidades técnicas y operativas de los municipios parte de la Red, acciones demostrativas en algunas ciudades y el acompañamiento para la creación de un plan estratégico que buscaba la construcción de agendas conjuntas de trabajo que permitan una gestión territorial integral.
El 8 de mayo de 2013, el Ministerio de Coordinación de Patrimonio fue suprimido y sus competencias y atribuciones en los ámbitos de rectoría y gestión del patrimonio fueron trasladadas a otros ministerios coordinadores y a las instituciones operativas como el Ministerio de Cultura y el mismo se transformó en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El INPC pasó a estar adscrito, por Decreto, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, con lo cual, algunos de los proyectos emblemáticos como el proyecto Ciudades Patrimoniales del Ecuador se transfirieron al Ministerio de Cultura. Este ajuste institucional afectó la estabilidad de la Red (si bien se organizaron encuentros y acciones posteriores, la actividad de la Red aparentemente se fue limitando).
LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COTAD)
En octubre del 2010 se expidió el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El gobierno de aquella época veló por dotar de competencias y facultades jurídicas, organizativas, administrativas y de institucionalidad a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales y cantonales.
Desde su inicio, el código menciona la relevancia del sector cultural y patrimonial y establece la autonomía que tienen los GAD para impulsar procesos acordes a las formas de cultura del territorio. Sin embargo, históricamente las prefecturas, municipios y juntas parroquiales y cantonales han hecho de las manifestaciones artísticas y culturares un espacio clientelar. En ese sentido han sido recurrentes los famosos “tarimazos”, protagonizados por grupos de artistas que nada o poco tienen que ver con las verdaderas representaciones estéticas del territorio. La espectacularización del arte y la cultura es un fenómeno que se ha prolongado en las realidades de ciudades de todos los tamaños. Esto ha puesto en jaque a los trabajadores de la cultura disminuyendo sus posibilidades de formar parte de procesos de largo aliento, que signifiquen oportunidades laborales y un cambio social en su comunidad.
Este tema lo comenta María José Icaza y menciona que, en algunos casos, las capacidades técnicas y operativas de los equipos de los departamentos de cultura de los GAD son limitadas y restringidas. Entonces, ¿cómo podría pensarse en políticas culturales locales contextualizadas para la planificación y el ordenamiento territorial, si se parte de la ausencia de experticia del sector?
LA AGENDA 21 DE LA CULTURA
Por otro lado, muchas de las metas planteadas por la Agenda 21 de la Cultura, realizada por la Comisión de cultura de la asociación mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), contemplan compromisos específicos para los gobiernos locales. Entre ellos se encuentra el facilitar el ejercicio de democracia cultural, la equidad territorial, promover los saberes de los pueblos originarios y garantizar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre los diferentes actores de la comunidad.
El rol de la academia es fundamental cuando hablamos de procesos que apuntan al cambio cultural en una localidad en particular. María José Icaza se traslada al terreno de lo legal y recuerda que la Ley Orgánica de Educación Superior contempla que las instituciones universitarias deben tener una incidencia en los planes de desarrollo tanto regionales como locales y procesos de transformación social. En este caso, uno de los objetivos de la Universidad de las Artes es el levantamiento de información respecto a la aplicación de políticas culturales ya legisladas y la situación actual de los trabajadores de la cultura, como lo hacen permanentemente algunos de sus espacios: el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura y la Dirección de Vínculo con la Sociedad.
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