Cuando en abril de 2016 Whatsapp anunció que, para proteger la seguridad de sus usuarios, los mensajes compartidos a través de su plataforma iban a estar encriptados de “extremo a extremo”, la decisión fue públicamente aplaudida. Ahora, un año después, este mismo desarrollo enfrenta un nuevo aluvión de críticas: el cifrado, opinan algunos, permite que actividades ilegales se oculten del escrutinio de las autoridades.
El criticismo cobró fuerza cuando se divulgaron sospechas de que el terrorista que atacó Londres el 22 de marzo había usado la aplicación de mensajería minutos antes de atropellar a tres civiles en el puente de Westminster y acuchillar a un policía en la Plaza del Parlamento de la capital británica.
Amber Rudd, ministra del Interior de Reino Unido, declaró que aplicaciones como Whatsapp están proveyendo a terroristas de espacios secretos para comunicarse entre ellos. Y eso, considera la funcionaria, resulta inadmisible.
La encriptación de extremo a extremo es una forma de mantener privada la información compartida a través de una plataforma digital, haciéndola visible solo para los remitentes y receptores originales. Esto implica que, en teoría, ni siquiera los proveedores del servicio de comunicación pueden leer los mensajes que comparten sus usuarios, explica un documento de la universidad Carnegie Mellon.
Esta tecnología “permite a las personas comunicar información sensible, protegerse de la vigilancia gubernamental y les da un ambiente donde pueden hablar libremente”.
Sin embargo, a raíz de lo ocurrido en Londres, en Reino Unido se discute la posibilidad de hacer que las aplicaciones de mensajería sean accesibles para que las autoridades investiguen casos de terrorismo. Se trata de un debate con antecedentes también en Estados Unidos, donde Apple, por ejemplo, se negó a colaborar con el FBI cuando la agencia quería acceder al iPhone de uno de los terroristas involucrados en el ataque de San Bernardino, donde 14 personas fueron asesinadas a finales de 2015. La discusión sobre el tema se sitúa sobre una fina línea que divide la seguridad de las personas de su derecho a la privacidad.
Pero hay mucho más en juego. La organización sin fines de lucro Open Rights Group, que defiende la privacidad y el libre discurso en la web, sostiene que hacer que las comunicaciones encriptadas de plataformas como Whatsapp sean susceptibles al escrutinio gubernamental significaría hacer a todas las comunicaciones online de este tipo menos seguras.
En una entrevista con The Guardian, el director del grupo, Jim Killock, dijo estar de acuerdo con que, en situaciones que involucren crímenes, firmas tecnológicas como Facebook (propietaria de Whatsapp) colaboren con investigaciones de agencias policiales y de inteligencia, siempre y cuando se cumpla un proceso regulado y monitoreado. Sin embargo, Killock advirtió que instalar vías para que estas agencias puedan revisar los mensajes encriptados automáticamente sería un error, dado que dependemos de estos cifrados para comprar y hacer transacciones bancarias en Internet de manera segura.
El problema, explicó en CNN la especialista en seguridad digital Andrea Stroppa, es que para otorgar acceso a las agencias oficiales, los desarrolladores de las aplicaciones tendrían que modificar los códigos de sus plataformas. Y eso permitiría que cualquiera, no solo servicios de seguridad, tenga la capacidad de husmear en conversaciones privadas.