Ecuador trabaja para eliminar la ‘Tarjeta amarilla’ pesquera
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En 2019, Ecuador recibió un llamado de atención de la Unión Europea por no fortalecer los controles y sanciones disuasivas para luchar en contra de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Esta acción considerada una ‘Tarjeta amarilla’ podría afectar las exportaciones pesqueras de nuestro país.
Según cifras del Banco Central, el principal mercado externo de la industria pesquera nacional es la Unión Europea, con un 68 por ciento de participación. Considerando la importancia de este destino, se alcanzó un Acuerdo Comercial con el bloque europeo, en 2016, adquiriendo una serie de compromisos, entre lo que se resalta la lucha contra la INDNR.
Para garantizar este cumplimiento, periódicamente funcionarios de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, DG MARE, visitan nuestro país y, en octubre de 2017, se hizo la advertencia a la Autoridad Pesquera Nacional de fortalecer los controles y las sanciones disuasivas que con la Ley de Pesca vigente en ese tiempo ya habían quedado obsoletas.
Al no contar con el marco legal solicitado, en junio de 2019, la inspección efectuada por la Unión Europea al Ecuador ratificó el llamado de atención en donde se notificó la posibilidad de ser identificado como país no cooperante en la lucha contra la Pesca INDNR y el 30 de octubre pasado, DG MARE remitió la decisión de la Comisión, mediante un documento oficial que contiene 56 numerales que describen lo detectado y los incumplimientos de Ecuador basados en las leyes y reglamentos internacionales.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) manifiesta que la Misión de Auditoría europea tenía previsto realizar una siguiente evaluación en abril pasado. No obstante, debido a la emergencia sanitaria y el cierre de aeropuertos, se espera un comunicado oficial para el cambio de fecha.
Si bien este tipo de llamado de atención, considerado como una ‘Tarjeta amarilla’, no impide la exportación de productos a la Unión Europea, Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (CEIPA), resalta que sí exigía una actualización urgente del marco normativo de la Ley de Pesca y su reglamento, junto con la aplicación de un plan de acción debidamente presupuestado.
Por ello, se creó un Comité de crisis de tarjeta amarilla y se firmó un convenio interinstitucional entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, el MPCEIP y el Servicio Nacional de Aduanas, con lo cual se inició un plan de acción con la debida aprobación presupuestaria, plazos y fecha de cumplimiento.
Parte fundamental es el control de la trazabilidad automatizada que con la implementación del Sistema Integrado de Pesca permitirá de manera eficaz y eficiente un mayor control y vigilancia de los productos de exportación, no solo al mercado de la Unión Europea, sino también a los otros destinos de exportación y de consumo nacional.
A ello se suma, que el 14 de abril pasado, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Pesca, que establece la aplicación de sanciones con efecto disuasorio para actividades de pesca ilegal, categorizadas desde leves, graves hasta muy graves, e incluye una tabla de multas. La sanción más grave para las contravenciones en la pesca industrial es de 1.500 salarios básicos unificados del trabajador (600.000 dólares en la actualidad), decomiso de toda la pesca, detención de la embarcación y de la tripulación.
También está la creación de la Unidad Técnica de Investigación y Control Acuícola y Pesquero, que será la encargada de realizar el control de ambas actividades y otras relacionadas a la pesca. La apertura del Fondo Nacional de Investigación, la elaboración de un Plan de Acción que contiene actividades que subsanan las observaciones realizadas por la DG MARE y mesas de trabajo entre instituciones del sector público y del sector privado, son otros componentes de la Ley.
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