Desde 2008, se prohibió de forma constitucional que el Estado suscriba cualquier tipo de contrato que tengan entre sus cláusulas la resolución de conflictos mediante el arbitraje internacional.
Los compromisos también recogen otros sectores como educación, para la construcción de colegios; salud con nueva infraestructura médica; turismo, en el desarrollo de proyectos vinculados a hoteles y barcos; telecomunicaciones, entre otros.
