12 verificaciones del debate presidencial: Lo cierto, lo falso y las imprecisiones en los discursos de los candidatos
Facebook
Twitter
Whatsapp
Email
Durante la primera noche del Debate Presidencial realizado el jueves 14 de enero de 2021, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, el equipo de Ecuador Verifica realizó 12 verificaciones a las declaraciones de los candidatos presidenciales que asistieron al evento. El candidato Andrés Arauz fue el único que no asistió.
Estas fueron las verificaciones:
CIERTO:
La afirmación del candidato por SUMA, Guillermo Celi, es cierta.
El 26 de octubre de 2020, la fiscal general, Diana Salazar, alertó que la falta de peritos ha retrazado el trámite de los 157 procesos penales abiertos por la corrupción. Indicó que esta situación se reveló durante la crisis sanitaria.
Según el Consejo de la Judicatura existen 39 peritos para temas de contratación pública. Sin embargo, 12 provincias no cuentan con ese personal.
Lo dijo Xavier Hervas, candidato presidencial por Izquierda Democrática (ID).
Esta afirmación es cierta. Ecuador tiene el porcentaje más alto de mujeres emprendedoras en el mundo según un estudio realizado por la Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2019-2020) en 50 países y publicado en marzo de 2020. En el país, el 33,6% de las mujeres, entre 18 y 24 años, son emprendedoras.
El reporte también hace mediciones regionalmente y muestra que Chile y Ecuador tienen los niveles más altos de Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) por sus siglas en inglés) entre mujeres en América Latina y El Caribe.
La afirmación de Xavier Hervas es cierta. De acuerdo con el Índice Doing Business 2020, Ecuador ocupa el puesto 129 de 190 países calificándolo como un país complicado para emprender sobre todo por los trámites que los emprendedores deben llevar a cabo antes de crear su negocio. El índice mide la facilidad de hacer negocios en un país y estudia el tiempo, costos y número de procedimientos que se requieren en aspectos como: apertura del negocio, registro de propiedad, obtención de crédito, pago de impuestos entre otros.
Según este mismo informe Ecuador ocupa el puesto 177 respecto a la clasificación de la apertura de una empresa en temas de impuestos y facilidades para emprender por lo que sí puede representar una barrera al desempeño de los negocios. Las observaciones que presenta el Doing Business son que en el país han existido mejoras en el tema tributario en los últimos años, sin embargo, todavía tenemos problemas para plantear con facilidad nuevos negocios en el país.
En el país se requieren de varios trámites y requisitos para la apertura de una empresa. Según el instructivo de la Cámara de Comercio de Quito, los trámites son diferentes según la figura legal, es decir, si se trata de una persona natural o jurídica.
FALSO:
Esta fue una de las afirmaciones del candidato por el movimiento Amigo, Pedro Freile.
Sin embargo, la doctrina jurídica señala que “el Estado de Excepción es una medida extrema durante períodos de disturbio, zozobra, alteración del orden. Es una institución jurídica que funciona como una garantía de la Carta Suprema. Esta institución actúa bajo la modalidad de suspensión temporal o provisional de una parte de la Constitución. Es un mecanismo para la defensa del Estado ante una crisis o situación complicada, que busca superar legalmente los conflictos, facultando a una persona limitar ciertos derechos.
El Estado de Excepción es el modelo más característico del derecho de excepción, que puede contemplar varios casos según las emergencias. Estos casos son: intensidad de la crisis; naturaleza de la crisis, como una catástrofe natural o una guerra externa. Es un punto intermedio entre la dictadura constitucional y el estado excepcional en el que se aplican medidas necesarias para superar la crisis.”
Cualquier decreto que declare un estado de excepción debe ser conocido por la Corte Constitucional, la cual evalúa su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución y los instrumentos internacionales de DDHH. Ese examen pasa por constatar que en el Decreto de Estado de Excepción se describe exactamente los derechos constitucionales que se limitan y si esas limitaciones son necesarias frente a las causas que lo originaron.
No se puede limitar el trabajo por horas a través del Estado de excepción, esa figura sólo se aplica para limitar temporalmente derechos y únicamente derechos que sean necesarios para superar la causa que generó la crisis, después del análisis de la Corte. Y son netamente temporales hasta sobrellevar la crisis, no se puede proponer a través de un estado de excepción reformar legales por ningún lado sería la figura jurídica.
Se trataría, entonces, de una medida de carácter autoritario y no de una reforma legal y legítima que pueda ser sostenible en el tiempo.
Esta fue una de las declaraciones del candidato por Juntos Podemos, Paúl Carrasco. Sin embargo la figura de los jueces sin rostro no puede ser aplicada en nuestro país, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todas las personas que son llevadas a juicio tienen derecho a conocer la identidad de sus juzgadores, decisión que es vinculante para el Ecuador.
En 2005, la Corte IDH revisó el caso de Wilson García Asto, acusado en Perú por delito de terrorismo y pertenencia al grupo Sendero Luminoso; García fue juzgado por tribunales sin rostro. En la sentencia de la Corte Interamericana se menciona que las autoridades peruanas impidieron al acusado conocer la identidad de su juzgador y, por ende, poder valorar su idoneidad; así como “conocer si se configuraban causales de recusación y ejercer una adecuada defensa ante un tribunal independiente e imparcial”; además, su juicio no fue hecho público. “En este sentido la Corte (Interamericana) observa que todo procesado tiene derecho a la publicidad de su proceso”.
La figura de jueces sin rostros se ha aplicado históricamente en situaciones como el de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en Colombia y el combate al terrorismo en Perú en varios casos que se han llevado ante la Corte Interamericana de DDHH, cuya jurisdicción para Ecuador reconoce a escala constitucional, ha fallado que esta figura podría significar una severa vulneración del debido proceso y por lo tanto tener severas consecuencias incluso en la nulidad de estos procesos.
Diversos relatores de Naciones Unidas, también, han condenado a la justicia sin rostro pues, “viola el principio de la independencia de la judicatura; la práctica restringe el derecho del acusado al debido proceso; y viola el derecho a un juicio justo, de manera sistemática.”
Guillermo Celi dijo esta afirmación, que es falsa. El precio medio de energía facturada (USD ¢/kWh) en la provincia de Manabí es de 9,3 c$/kWh, según la Corporación Nacional de la Electricidad (Cenel).
Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCONEL), ese valor varía en cada provincia y de acuerdo a la empresa que distribuye energía. Guayas (10,31 c$/kWh), Cotopaxi (10,26 c$/kWh), El Oro (10,17 c$/kWh), entre otras, tienen valores más altos que en Manabí.
Pedro José Freile dio esa información. No obstante, aunque el sector ha sufrido pérdidas drásticas debido a la emergencia sanitaria, sí ha registrado ventas en este año.
Entre 2019 y 2020, el sector turístico tuvo una drástica caída en ventas del -51,5%, pasando de $4.912,18 millones de dólares a $2.383,19 millones.
En 2019, el turismo contribuyó con 2,24% al Producto Interno Bruto (PIB) y se generó un ingreso de $2.287,5 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Turismo. En 2020, todas las actividades de las industrias relacionadas al turismo generaron un total de $2.383,19 millones.
Holbach Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Ecuador y de la Cámara de Turismo del Guayas, dijo que en 2020 el sector cerró con pérdidas “de entre el 85% y el 90% de la facturación total en comparación con la del 2019”.
SÍ, PERO:
Xavier Hervas afirmó en el debate que, “en 2019 Ecuador recibió 210 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras Perú en ese mismo año recibió 8.900 mil millones de dólares y Colombia 14.500 millones de dólares”.
Los números citados por Hervas con respecto a Ecuador no coinciden, pero los datos aportados en relación a Perú y Colombia se acercan a la realidad.
Según el informe oficial del Banco Central de Ecuador (BCE) la inversión extranjera directa (IED) en 2019 fue de $ 948.7 millones.
Los datos aportados por Hervas sobre Colombia y Perú si se acercan más a la realidad. Según su estudio la Inversión Extranjera Directa en América del Sur y el Caribe 2020 reportó que Perú logró alcanzar en 2019 un total de IED de $ 8.892 millones y Colombia logró alcanzar los $ 14.214 millones de dólares en IED.
El candidato por la Alianza CREO-PSC, Guillermo Lasso, dio esa cifra, que no es precisa.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en diciembre de 2007 se registraron 2’737.158,5 plazas de empleo adecuado y en septiembre de 2020, la última encuesta disponible, se registraron 2’526.169,5, es decir que en este periodo se han perdido 210.989 plazas.
Sin embargo, al analizar los puntos más altos del empleo adecuado del gobierno de Rafael Correa, en septiembre de 2014 existían 3.545.801,9 empleados adecuados mientras que en septiembre del año pasado se registraron 2.526,169,5 empleados adecuados. La diferencia entre ambas fechas es de 1.019.632,4 personas.
Paúl Carrasco lo dijo durante el debate. Al respecto, los expertos consultados por Ecuador Verifica señalan que bajar los impuestos efectivamente reactiva la economía, porque baja los precios al consumidor y estos pueden incrementar sus gastos en bienes y servicios, generando un ciclo económico positivo.
Sin embargo, bajar el IVA no tiene impactos significativos en los costos de producción, en la mayor parte de los sectores productivos. Aunque eso puede variar entre sectores económicos.
Finalmente, hay que considerar que una reducción del IVA puede tener un enorme impacto y dejar desfinanciado al Estado y por consiguiente, dejar sin recursos a programas sociales, de educación pública y salud. Toda reducción de impuestos como el IVA, entonces, debería contemplar, alguna forma para compensar esa pérdida de ingresos para el Estado o una severa reducción de ingresos que implica reducciones en el gasto social.
Guillermo Lasso hizo esa afirmación. La cifra no es precisa.
El INEC señala en la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 2020 (ENEMDU), entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se perdieron 620.000 empleos adecuados.
Sin embargo, entre mayo y junio de 2020, luego de los meses más fuertes de la emergencia sanitaria, 1.009.583 se encontraban en el desempleo.
Pedro José Freile dio ese dato, pero la cifra no es precisa. Es importante señalar que la definición de trabajo digno oficialmente no existe. La definición más cercana es la del empleo adecuado que se refiere a quienes trabajan 40 horas a la semana y reciben, por lo menos, el salario básico al mes ($400 en 2020).
De acuerdo a este indicador, 3 de cada 10 trabajadores en edad productiva tienen empleo adecuado, equivalente al 32% de la Población Económicamente Activa.
Tags:
.png)
