¿Quiénes estarían detrás de la compra de pruebas ‘chimbas’? El caso que pone en jaque a Jorge Yunda
La Fiscalía del Estado emitió este lunes 26 de abril su dictamen acusatorio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quién fue señalado por el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, como autor mediato del delito de peculado en el caso de pruebas Covid-19. La entidad informó que tienen más de 80 elementos de convicción contra Yunda y el resto de 13 procesados.
Hoy martes 27 de abril la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el alcalde Yunda y medidas cautelares para los otros 13 procesados.
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#URGENTE Caso #PruebasPCRQuito: #FiscalíaEc concluye con su anuncio de prueba y solicita prisión preventiva para Jorge Y., alcalde de #Quito, debido a que, de esta, se derivarían otras investigaciones que involucrarían directamente al burgomaestre, a su hijo y otros familiares. pic.twitter.com/RMB6GNP2XX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 27, 2021
Jorge Yunda
Según la Fiscalía, Yunda tenía conocimiento del proceso de contratación y montó las condiciones necesarias para que el secretario de Salud, Lenín Mantilla, suscriba un contrato por $4,2 millones para adquirir reactivos para detección de Covid 19. tras eliminar el techo máximo de contratación que estaban establecidos para las entidades públicas en $2,9 millones.
El contrato se dio por terminado después de los informes de las pruebas emitidos por la Universidad de las Américas (UDLA) y Synlab, en el que se detalla que no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante.
El Instituto de Salud Pública (INSPI) determinó el 3 de marzo de 2021 que las pruebas adquiridas por el Municipio tenían una sensibilidad del 15,38%. Por este contrato se habría generado un perjuicio al Estado de $2’297.865.
Lenín M.C.
Respecto al exsecretario de Salud el Municipio, la Fiscalía lo acusa de autor directo en el delito de peculado, al considerar que “participó en varios actos que resultaron en la disposición arbitraria de fondos públicos”. Lenín M.C. ya había recibido asesoramiento de los investigadores de la UDLA, quienes le manifestaron que el kit de pruebas que querían adquirir no eran las más recomendadas.
“Al invalidar la empresa, el 16 de abril de 2020, suscribió un nuevo contrato con Salumed S.A. para la adquisición de 100.000 pruebas PCR – Polimerasa, sin que se determinara el precio unitario. La pericia de economía de la salud reveló que se habría pagado $42,27 por unidad”.
Lenín M.C. habría facilitado mediante resoluciones, la suscripción del contrato con Salumed S.A. cuyo valor estaba sobre los techos económicos establecidos antes de esa fecha.
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Juan Alejandro V.A.
Es el representante de Salumed S.A. que incumplió con el objetivo del contrato. El kit que entregaron era Isopollo Covid-19, que usa tecnología RT Lamp, y que no estaba establecido en el convenio.
Se suma que los kits no cumplían con las especificaciones técnicas del 99% al 100% de sensibilidad y especificidad, según revelaron los informes de UDLA y el Inspi.
Producto del contrato, Salumed S.A. habría cubierto sus costos y obtenido una utilidad de $41.500, dentro del 70% del anticipo pagado de $2’641.800. El precio ofertado tuvo un incremento del 16% en relación con otras empresas oferentes.
La Fiscalía lo acusa como autor directo del delito de peculado.
Ximena Guadalupe A.D.
La secretaria de Salud del Municipio de Quito es acusada por la Fiscalía como coautora del delito de peculado al haber ejecutado acciones sobre la permanencia en vigencia del contrato suscrito con Salumed S.A., “pese a haber tenido conocimiento de que las pruebas entregadas al Municipio no eran las determinadas en el convenio”.
Ximena A.D. siguió las disposiciones del alcalde Jorge Yunda para la validación de las pruebas Isopollo Covid-19 con el objetivo de seguir usándolas. Aunque tuvo conocimiento de que las pruebas recibidas eran RT Lamp (con sensibilidad baja) y no PCR – Polimerasa.
La secretaria de Salud decidió en una primera instancia terminar con el contrato, unilateralmente, con Salumed S.A., por incumplimiento del mismo, pero cambió su decisión por disposición de Yunda para la terminación por mutuo acuerdo. Esto generó un perjuicio a las arcas del Estado de $62.374
El no haber terminado el contrato de forma inmediata por incumplimiento del objetivo, permitió a la funcionaria firmar un contrato de externalización con OneLabt, provocando que el Estado pague un valor adicional de $650.000 a esta última empresa.
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Linda Priscila G.B.
La coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito es acusada como coautora del delito de peculado. La Fiscalía determinó que la funcionaria tuvo conocimiento de que las pruebas recibidas por el Municipio eran RT Lamp y no PCR – Polimerasa, así como información sobre su baja sensibilidad.
Habría sido la primera funcionaria en conocer sobre los informes elaborados por UDLA, y además tuvo acceso al informe de la Secretaría de Salud de México, sobre la base de las pruebas practicadas a los kits de Salumed S.A.
Pese a ello, Linda Priscila G.B. ejecutó las disposiciones del alcalde Jorge Yunda y buscó validar dichos reactivos (Isopollo Covid-19) a través de varias instituciones como Korea Testing Certification (KTC), Synlab, Inspi e Udla, con el objetivo de seguir usándolos.
La procesada contactó a Miguel Ángel G., investigador de UDLA, para analizar los kits de pruebas de Salumed S.A. Los resultados arrojaron la baja sensibilidad de los reactivos, por lo que no se recomendó su utilización. Estos resultados fueron publicados en una revista indexada.
El investigador de UDLA se contactó con Corea del Sur, país de origen de las pruebas, y descubrió que los kits importados no tenían autorización para ser usados en su territorio.
Linda Priscila G.B. conocía también que la empresa encargada de la importación de las pruebas estaba acreditada para traer equipos electrónicos y no pruebas de detección del virus.
Además, emitió un informe técnico que permitió a Ximena Guadalupe A.D. terminar el contrato con Salumed S.A. por mutuo acuerdo y sugerir la externalización de servicios con OneLabt, provocando que el Estado pague un valor adicional de $650.000.
Enrique José B.F.
El exdirector metropolitano de Gestión de la Secretaría de Salud es acusado de coautor del delito de peculado. Su participación se dio en la fase precontractual que derivaría en la firma del contrato con Salumed S.A.
José B.F. habría suscrito el acta de recepción de ofertas, en las que solo se menciona a Salumed S.A., GenLife y Global Expansion 360, y fue quien recomendó iniciar la contratación con la primera. Para aceptar la propuesta de Salumed S.A. se redujeron a 100.000 los kits que se necesitaban, que a su vez es la cantidad que había ofertado en su proforma esta empresa.
En el informe de mercado aprobado por el acusado, se descartó a GenLife por supuestamente no cumplir con la forma de pago, especificaciones del bien ofertado, vigencia de la oferta y precios unitarios. Sin embargo, dicha información sí formaba parte de la cotización que realizó la empresa.
Diego Fernando S.M
Es presidente de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud, en la fase precontractual suscribió el informe de viabilidad de las ofertas presentadas, en el que se descarta a GenLife y a Global Expansion 360 y se recomienda a Salumed S.A., por cumplir con todos los requisitos establecidos.
De acuerdo con la Fiscalía, Diego Fernando S.M. permitió que la Secretaría de Salud suscriba el contrato con Salumed S.A. provocando que se pague $42,26 por cada unidad, pese a que era la más costosa y por la mitad de kit ofertados.
Es acusado como coautor en el delito de peculado.
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Simón Narcilio V. V.
Miembro de la comisión técnica de la Secretaría de Salud, es señalado por como presunto coautor del delito de peculado. Su participación en delito según Fiscalía, consistió en la suscripción del informe de viabilidad de las ofertas presentadas a favor de Salumed S.A.
También suscribió un informe de viabilidad de ofertas a favor de la empresa AWT S.A. el 2 de abril de 2020. Sin embargo, habría ocultado deliberadamente esta información cuando se generó el informe de viabilidad de la oferta de Salumed S.A.
Es acusado como coautor en el delito de peculado.
José Hernán M. E.
Estuvo a cargo del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas. Dichos informes se usaron para fijar las especificaciones técnicas, que incluyen un porcentaje de 99% a 100% de sensibilidad y especificidad en los reactivos a adquirir.
Las pericias de contratación pública determinaron que se validó la necesidad de comprar las pruebas para 6 meses, sin que se estableciera el criterio para ello. Así mismo, no hubo análisis alguno que determine la cantidad y uso de los 200.000 kits de pruebas, que luego de redujeron a los 100.000 kits ofertados por Salumed S.A.
El dictamen acusatorio contra José Hernán M.E. detalla que, a criterio de Contraloría, “el estudio de mercado tiene como objetivo establecer un presupuesto referencial con base en el análisis comparativo entre ofertas, más no descartarlas. Sin embargo, en este informe, la comisión de la Secretaría de Salud en cuestión resolvió no tomar en cuenta la oferta de esa empresa y recomendar a Salumed S.A. para la contratación.
Es acusado como coautor en el delito de peculado.
Iván Augusto M. R.
Suscribió como parte de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud del informe de necesidad, mercado y especificaciones técnicas que recomendó a Salumed S.A.
Es acusado como coautor en el delito de peculado.
Daisy Sandra H.F.
Era la administradora del contrato firmado con Salumed S. A. Su responsabilidad era vigilar el cumplimiento de las cláusulas contractuales para la adquisición de las pruebas Covid-19. Sin embargo, aún después de conocer que se entregaron otros reactivos, cuya sensibilidad no cumplía con las especificaciones del contrato, no informó del incumplimiento del contrato.
Ella recibió los kits de las pruebas, cuya fecha de caducidad era el 9 de septiembre de 2020, pese a que el contrato -suscrito en abril- establecía que las pruebas debían tener un plazo de caducidad de 12 meses.
En su dictamen acusatorio la Fiscalía sostiene que la falta de advertencia sobre el incumplimiento por parte de Salumed S.A., que conllevaría a una terminación unilateral del contrato por incumplimiento, habría permitido que la secretaria de Salud, Ximena Guadalupe A.D. contrate un proceso de externalización de procesamiento de las pruebas con OneLabt por $650.000 y que se proceda a la terminación del contrato por mutuo acuerdo. El perjuicio a las arcas municipales fue de 62.374.
Es acusada como coautora en el delito de peculado.
Erik Romey A. V.
El excoordinador jurídico de la Secretaría de Salud del Municipio debía elaborar, asesorar y vigilar las cláusulas del contrato firmado con Salumed S.A., por lo que participó también en la generación de los informes de necesidad, mercado y especificaciones técnicas. Es decir, que “conocía desde un principio la necesidad de adquirir pruebas PCR – Polimerasa y no RT Lamp”, detalla Fiscalía.
Explícitamente, Erik Romey A. V. dijo a la encargada de compras públicas del Municipio, que todo el proceso debía, entre resoluciones y contratos, pasar por él.
No informó sobre el incumplimiento del objetivo del contrato por parte de Salumed S.A. y tampoco incluyó en el contrato las cláusulas obligatorias establecidas por la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio de Contratación Pública.
No especificó además, la forma de entrega de los equipos permitiendo un vacío legal que de acuerdo a la Fiscalía, habría ocasionado que la empresa en cuestión no se responsabilice de los retrasos en la entrega de los kits.
Es acusado como coautor en el delito de peculado.
Jéssica Paola C.V.
La encargada de compras públicas de la Secretaría de Salud del Municipio, debía receptar las ofertas de los proveedores de las pruebas Covid-19. Sin embargo, Fiscalía puntualiza que pidió ofertas y documentación habilitantes previo a la suscripción y aprobación del documento que establecía las especificaciones técnicas, “inobservando así el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.
Ella receptó cuatro propuestas distintas de Salumed S.A., en tres días seguidos, con variaciones en los valores de las pruebas. Su propuesta final establecía el costo de $25 por prueba, pero finalmente se terminó pagando $42,26 por cada una, pese a que el valor en el mercado era de $18.
Es acusada como coautora en el delito de peculado.
Marco Antonio R.V.
El coordinador jurídico de la Secretaría de Salud del Municipio realizó acciones que llevaron a la vigencia y posterior terminación, por mutuo acuerdo, del contrato con Salumed S.A.
Aunque conocía que las pruebas adquiridas no eran las establecidas por el contrato, “no cumplió con su rol de asesorar a la Secretaría de Salud en la terminación unilateral del contrato”, especifica Fiscalía en su dictamen acusatorio.
Por el contrario, Marco Antonio R.V. suscribió un informe que permitió a Ximena Guadalupe A.D. terminar el contrato con Salumed S.A. por mutuo acuerdo, ocasionándole un perjuicio al Estado de $62.364.
Es acusado como coautor en el delito de peculado.
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