¿Qué pasará con el binomio correísta? CNE analiza tres opciones, entre ellas una posible descalificación
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) analizará cómo proceder con la candidatura correísta encabezada por Andrés Arauz como aspirante a la Presidencia tras la descalificación de Rafael Correa a vicepresidente, y cuenta con tres alternativas, entre ellas, una eventual descalificación de todo el binomio.
Así lo manifestó este lunes en un encuentro con la prensa extranjera la presidenta del CNE, Diana Atamaint, al subrayar que la decisión se basará en informes jurídicos, con "total apego a la ley y a la Constitución".
El binomio correísta eligió en un proceso de democracia interna a Rafael Correa como aspirante a la Vicepresidencia, postulación que fue rechazada por el CNE.
Atamaint aclaró que esa precandidatura no pudo ser calificada puesto que Correa, que se encuentra en Bélgica donde reside tras dejar el poder en 2017, "no hizo la aceptación de forma personal presencial, como determina el reglamento".
TRES OPCIONES
A pesar a que la organización política Centro Democrático (Lista 1), con la que se postula el correísmo anunció la semana pasada un sustituto del exmandatario, el periodista Carlos Rabascall, aún esta nueva situación no se ha formalizado ante la entidad electoral.
"¿Qué pasa con el binomio?, la organización política hasta el momento no ha presentado el reemplazo de su primer binomio que participó en primarias", refirió la presidenta del CNE.
Ante esta circunstancia, precisó, "esperaremos que ellos presenten los documentos de inscripción para tomar una decisión".
"Los informes jurídicos nos dirán qué es lo que se debe hacer: Si se rechaza todo el binomio, se rechaza la precandidatura del vicepresidente y qué medidas de subsanación se podrían dar, en caso de existir, o la descalificación de la candidatura de forma definitiva", afirmó.
La presidenta insistió en que cada una de las opciones "tendrá un sustento jurídico" con base en el que "el Pleno (del CNE) tendrá que decidir".
El pasado 7 de septiembre un tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) desechó un último recurso presentado por Correa para intentar anular la condena a prisión por el denominado caso "Sobornos 2012-2016", que investigaba el delito de cohecho en la financiación irregular del grupo político del exgobernante.
Con ese dictámen, Correa quedó inhabilitado para participar en las próximas elecciones como aspirante a la Vicepresidencia.
Atamaint manifestó que hasta el pasado viernes, cuando se abrió formalmente el proceso de inscripción de candidaturas políticas, el máximo órgano de sufragio en el país tenía contabilizadas 16 precandidaturas a la Presidencia y 15 a la Vicepresidencia, tras el rechazado a la precandidatura de Correa.
El CNE convocó el pasado jueves oficialmente las elecciones presidenciales y legislativas para el 7 de febrero de 2021, a las que están llamados a votar más de 13 millones de electores.
Se elegirán a un total de 144 autoridades, entre principales y suplentes, en una jornada electoral que caerá en domingo.
PRESUPUESTO ELECTORAL
La titular del ente electoral indicó que desde la institución que dirige se sigue "trabajando en el presupuesto con el Ministerio de Finanzas", proyectado sobre un monto aproximado de 114 millones de dólares, que incluyen alrededor de dos millones en kits sanitarios para salvaguardar la salud de los funcionarios y personal electoral y la renovación del equipo informático.
Con base en el Código de la Democracia en Ecuador, que ha sido sometido a un proceso de análisis y reforma después de una década de vigencia, Atamaint precisó que en estas elecciones el 15 % de las cabezas de lista serán mujeres, y el 25 % de los candidatos jóvenes.
Además, se incluye la obligatoriedad de los debates entre candidatos y sanciones para quienes incumplan este punto, que van de 21 salarios básicos unificados (8.400 dólares) hasta los 70 (28.000), así como la posible inhabilitación política de 2 a 4 años.
El CNE también vigilará la violencia política, entendida como las agresiones verbales, físicas o psicológicas a una candidata o cargo público en funciones, y garantizará la restricción al ingreso de los electores, incluidos los candidatos, a los centros de votación.
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