Por el delito de terrorismo fueron procesadas las seis personas aprehendidas tras la explosión de un vehículo en el sector de La Mariscal, en Quito.
La noche del jueves 31 de agosto se instaló la audiencia de calificación de flagrancia contra los sospechosos, en la que la Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados hasta el momento.
El atentado no dejó heridos, pero en uno de los carros se hallaron dos cilindros de gas, mecha lenta y "aparentemente tacos de dinamita".
Acogiendo el pedido de la institución, un juez ordenó la medida de prisión preventiva para los detenidos y dispuso un plazo de 30 días para la instrucción fiscal.
De los seis implicados, uno era de nacionalidad colombiana:
-Luis Darío M., de 29 años, quien posee antecedentes por robo hace 60 días.
-Hugo Andrés, de 31 años, registra dos antecedentes por robo.
-Carlos Alfredo Ch., de 34 años, cuenta con siete antecedentes penales por tenencia de arma no autorizada, robo y asesinato.
-Marco T., de 29 años, no registra antecedentes.
-Christian Andrés B., de 29 años, quien tiene tres antecedentes por tenencia y posesión ilícita, asociación ilícita y robo.
-Anthony D., colombiano de 29 años, no registra antecedentes.
Tres de ellos habían sido aprehendidos hace 15 días por su presunta implicación en el robo de un camión, así como secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, habían sido liberados con medidas sustitutivas.
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La noche del miércoles comenzaron los atentados con coches bomba en la capital. Fue "un día nada fácil, con una tarde y una madrugada compleja y rara", lamentó ayer el alcalde Pabel Muñoz.
De acuerdo a las hipótesis de la Policía, los ataques son una represalia del crimen organizado debido a los recientes traslados de presos a otras cárceles.
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La intervención en la cárcel de Cotopaxi también generó el miércoles motines en otras prisiones controladas presuntamente por la banda criminal Los Lobos, como la de Azogues y Cuenca, donde aún permanecen retenidos 50 guardias carcelarios y siete policías.
El delito de terrorismo está tipificado y sancionado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, con una pena privativa de la libertad de diez a trece años.