Secuestros extorsivos: la nueva pandemia de inseguridad en Ecuador
El país parece haber pasado a otro estado de exposición a la violencia. Los secuestros ya no solo son a taxistas o comerciantes, ahora cualquiera está expuesto. Clases bajas, medias y altas. Mientras en 2019, año previo a la pandemia, la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) identificó 15 secuestros, en 2022 fueron 40. Sin contar los casos que no son denunciados.
El teniente coronel Wilson Zapata, director de la Unase, dice que es importante que la ciudadanía denuncie y confíe en la Policía, pues en el allanamiento para liberar a la pareja secuestrada en la Ruta Viva encontraron tarjetas, licencias de otras personas. Esto hace suponer que esa banda había ya extorsionado a otras personas. La mayoría de secuestros se dan en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos, donde hay presencia de grandes estructuras criminales, pero están migrando a otras provincias y hay una fusión con la delincuencia común.
¿Dónde están los responsables?
Las cifras de la escalada de violencia ya alertaban esta situación. La sociedad vio para otro lado cuando las bandas criminales protagonizaban masacres en las cárceles. Hubo voces diciendo: “Mejor que se maten entre ellos”, pero ahora esa violencia está en las calles. Entre 2021 y 2022 casi se duplicaron las muertes violentas en el país.
El año anterior ya vivimos la explosión de las extorsiones a través de las denominadas "vacunas", que pasaron de 1.600 a más de 5.800 casos. Este año llegó el secuestro. Antes este delito se hacía de manera selectiva: los delincuentes estudiaban a las víctimas; ahora es “de oportunidad”, es decir, salen a pescar a quien esté transitando y se vuelva un objetivo fácil.
Mientras unos acusan al Gobierno por la falta de inversión social y políticas públicas que impidan que los sectores más deprimidos opten por el crimen como salida rápida, el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, reafirma que la escalada de violencia se debe al combate contra las grandes organizaciones criminales. Según Ordóñez, las incautaciones de droga han golpeado la economía criminal, por lo que ahora buscan financiarse a través de secuestros.
Pero, aunque esa pueda ser parte de la explicación, el problema tiene muchas causas. Las respuestas fáciles siempre llevan a plantear soluciones fáciles, como legalizar el porte de armas o aplicar penas a menores de edad, explica Carla Álvarez, experta en Seguridad y catedrática universitaria. “Pensar en el porte de armas es la decisión más individualista porque es “el sálvese quien pueda” y nos impide pensar en otras soluciones a largo plazo para tener convivencia pacífica”.
Así mismo, Álvarez alerta que un niño involucrado en el crimen, no está ahí porque quiere, sino porque ya todo el mundo le ha fallado. Por eso, plantea que no solo es necesario más equipamiento para la Policía, sino que se requiere de inversión en la educación; control en las cárceles que son el centro de operaciones de muchos delincuentes; mayor control en los puertos por donde sale la droga, entre otras medidas.
“Las salidas fáciles son como darle paracetamol a un niño enfermo sin saber el diagnóstico”. Como medida general, el Gobierno prepara la incorporación de 8.500 nuevos policías para mayo. Pero el general en servicio pasivo y experto en Seguridad, Luis Altamirano, dice que esto debe venir acompañado de eficiencia, inversión, capacitación y articulación con otras entidades.
Describe el ejemplo de las unidades de policía pacificadoras en Brasil, que entraron a las favelas con servicios y elementos de inclusión económica y social. “Esa es una alternativa de presencia del Estado, de solución de Estado”. Afirma que la idea de las UPC estuvo mal concebida porque eran espacios aislados de la comunidad, pues debían tener también servicios como odontología, guardería, asistencia psicológica.
Altamirano alerta que la extorsión, según un estudio del BID, es el segundo delito que afecta la credibilidad del Estado de derecho. Mientras haya más extorsiones y secuestros y, ante la incapacidad del Estado, el ciudadano empezará a comprar armas y a requerir servicios de empresas privadas, que puedan estar al margen de la Ley. Eso ya pasó en Colombia con los grupos paramilitares.
¿Convivir con la violencia?
Colombia vivió una ola de secuestros entre finales de 1990 y principios de este siglo. La guerrilla empezó lo que se denominó “Pesca milagrosa”, secuestrando a gente que se movilizaba para financiar sus actividades. Solo en el año 2000 se registraron 3.572 secuestros. Entre las acciones que tomó este país, estuvo la conformación de los Grupos de Acción Unificada por la Liberación de Personas (Gaula), además de la sincronización con el aparato judicial y otras instituciones para la desarticulación de las bandas. Pero todas estas son respuestas institucionales.
Hugo Acero, quien en ese entonces era subsecretario de Seguridad de Bogotá, explica que una de las cosas que más le llamó la atención fue el aparecimiento de la organización “País Libre”, que empezó a convocar a la ciudadanía para salir a protestar: contra los criminales, que los estaban secuestrando, y contra las autoridades, que debían dar respuestas.
Eso, dice Acero, no solo muestra a los secuestradores que hay una sociedad organizada, sino que obliga al Estado a hacer más esfuerzos. “Imagínese yo como subsecretario, con la gente reclamando, tenía que duplicar esfuerzos. Y lo logramos”. Obviamente, el caso ecuatoriano es muy distinto ahora, pero no está por demás ver las experiencias en otros países.
Una de las deficiencias que son notorias es la falta de articulación entre entidades. A inicios de marzo a 13 sujetos que fueron capturados en flagrancia por el delito de extorsión, no se les dictó prisión preventiva. El presidente Guillermo Lasso salió a culpar a la Judicatura porque los jueces los dejaron en libertad. La Judicatura culpó a la Fiscalía que no presentó los elementos necesarios para la acusación. La Fiscalía dijo que los policías no habían entregado los informes a tiempo. La Policía reconoció que demoró, pero dijo que todo el tiempo estuvo intercambiando información con Fiscalía para que pueda pedir la prisión para los detenidos. Y ese es un caso de muchos.
Wilson Zapata, director de la Unase, dice que no se trata de echarse la culpa entre las instituciones. Pero asegura que la tarea se vuelve difícil si no se desarticulan las bandas criminales. Explica que en agosto de 2022 arrestaron a un ciudadano de apellido Zhangui, en un operativo de secuestro. Esa misma persona fue detenida en febrero de 2023, por otro caso de secuestro. Y así hay varios. Así mismo cita el ejemplo de seis sentenciados por secuestro, que recibieron una pena de 13 años, y están tramitando su salida de la cárcel para terminar su condena con prisión domiciliaria.
Así que, mientras las instituciones siguen desarticuladas y los políticos, que deberían buscar soluciones en el largo plazo, siguen peleando por sus feudos de poder, el país parece estar condenado a aguantar la violencia.
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