El día del crimen, la víctima se encontraba con su pareja y varios amigos en un restaurante ubicado en el Buijo Histórico de Samborondón, cuando fue atacado por un sujeto que le propinó varios disparos.
Villagómez murió en el sitio, mientras que su agresor salió en precipitada carrera, se subió a un vehículo que lo aguardaba a varios metros del hecho y huyó del lugar.
Fiscalía abrió una investigación para dar con los presuntos autores materiales e intelectuales, recolectando indicios y evidencias en el lugar.
El martes 21 de junio de 2022, en horas de la mañana, se ubicó el vehículo que se presume participó en el delito: estaba al interior de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Su conductor fue detenido con boleta de detención girado por autoridad competente: se presume que sería el mismo conductor que ayudó a escapar a quien disparó contra la víctima.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Multicompetente de ese cantón, el fiscal José Bravo Salazar presentó como elementos de convicción: los informes investigativos elaborados por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), los reportes telefónicos de los celulares de los procesados y la experticia practicada a los videos de las cámaras de seguridad de viviendas y avenidas próximas al lugar del crimen.
Además, el acta de levantamiento del cadáver, el informe de reconocimiento de lugar de los hechos, la denuncia, testimonios de los familiares del occiso, entre otros.
La jueza de Garantías Penales de esta unidad judicial, Glenda Ortega, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio –en el grado de coautor– para Jimmy Javier S. R., a quien le ratificó la prisión preventiva.
Mientras que para Óscar Enrique D. M., quien también fue llamado a juicio en el grado de autor directo, quedó suspendida la etapa de juicio hasta que el sea detenido o se presente físicamente, de manera voluntaria.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 140, numeral 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.