Varias organizaciones defensoras de derechos humanos de Ecuador alertaron sobre supuestas violaciones al debido proceso por parte de los operadores de justicia en torno a casos relacionados con las protestas ocurridas en el país, que se extendieron hasta la semana pasada.
Instaron a "los organismos internacionales de protección de derechos humanos para que, dentro de sus facultades, adviertan al Estado ecuatoriano sobre su obligación de actuar de acuerdo con estándares internacionales" sobre la aplicación de la justicia y del debido proceso.
Los grupos firmantes condenaron de forma "enérgica" varias "violaciones sistemáticas y generalizadas que se han presentado" en el ámbito de las protestas sociales y el Estado de excepción aplicado por el Gobierno para intentar controlarlas.
Durante los once días que duraron las manifestaciones "registramos hechos relativos a detenciones arbitrarias e ilegales, graves violaciones al debido proceso de varias personas en contexto de protesta social, por ejemplo, la negativa judicial a recibir recursos jurisdiccionales de Hábeas Corpus", asegura el texto.
También denunciaron la "inobservancia del principio de mínima intervención penal respecto de conductas que no constituyen delitos, en especial la protesta social y los derechos de reunión y asociación".
Sobree "la presunta modificación de partes policiales para que no venciera el plazo de flagrancia", y la identificación de 17 personas como "víctimas de falsos positivos judiciales, pretendiendo imputarles conductas penales sin las debidas pruebas".
Recordaron que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se ha pronunciado sobre los principios del debido proceso legal, en el sentido de que estos "no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción".
Por esas razones, hicieron "un llamado urgente al poder judicial para que mantenga su independencia en todas las actuaciones procesales en las que deba intervenir".
No obstante, en entrevista con REVISTA VISTAZO, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, niega cualquier exceso de la fuerza de parte de los efectivos policiales y sostiene que la entidad actuó fundamentalmente para contener una cantidad mayor de ataques y agresiones. "La policía no utilizó armamento letal. Únicamente usó fuerza disuasiva, es decir, para disolver marchas o manifestaciones"
"Se ha librado una guerra de noticias falsas, con números y cifras que no son reales y fotos que no son actuales", indicó Romo durante la entrevista.
Aseguró además que la Policía Nacional no estuvo relacionada en los ataques registrados en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Politécnica Salesiana, dos centros educativos que habían prestado sus instalaciones para ser refugio de comunidades indígenas que se desplazaron hasta la capital para ser parte de las manifestaciones. "Tenemos elementos para creer que la Policía no tuvo participación en esa toma", indicó.
Las protestas en Ecuador contra ajustes económicos del Gobierno ligados a un acuerdo con el FMI, terminaron el domingo con un resultado de 8 muertos según la Defensoría del Pueblo -y 6 según el Ministerio de Gobierno- más de 1.300 heridos y más de mil detenidos, de acuerdo a lo que cita la DPE.