Nueva traba en proceso contra Abdalá y Jacobo Bucaram; jueces toman acciones inmediatas para evitar caducidad
Este caso está relacionado con presuntas irregularidades en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detección de Covid – 19.
El proceso por presunta delincuencia organizada que involucra al expresidente de la República Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley, un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y otros procesados experimenta nuevas trabas y dilaciones, mientras que la medida de prisión preventiva está por caducar.
Para este viernes 10 de septiembre de 2021 estaba prevista la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, pero la misma tuvo que suspenderse luego del pedido de recusación contra la jueza María Elena Lara.
El abogado defensor de Leandro Germán B., exagente de la AMT, presentó la recusación que impidió la instalación de la diligencia, con lo que se suspendió la competencia de la jueza en este caso.
El nuevo diferimiento se dio pese a que la magistrada había advertido que no aceptaría más dilaciones. No obstante, la jueza recusada emitió, de manera urgente, una providencia en la que dispuso lo siguiente:
"Me aparto de seguir conociendo la presente causa y dispongo que de forma inmediata sin dilación alguna se proceda a remitir el presente proceso a la Sala de Sorteos de esta Unidad Judicial Penal Parroquia Iñaquito, a fin de que uno de los señores jueces penales distinto a esta Juzgadora, continúe con la sustanciación de la misma, hasta que sea resuelta la recusación planteada. Cabe indicar que dentro de la presente causa se encuentran los procesados cumpliendo prisión preventiva la misma que se encuentra próxima a caducar".
Luego de aquello se realizó el sorteo correspondiente, este viernes 10 de septiembre, y se designó a Giovanny Freire Coloma como el nuevo juez a cargo del proceso, quien enseguida convocó a la audiencia para los días 15, 16 y 17 de septiembre a las 10H00, misma que tendrá lugar en una de las salas de audiencias del Complejo Judicial Norte, ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Villalengua, en Quito.
El magistrado advirtió a los procesados que en caso de no comparecer con su abogado defensor particular, se les asignará un defensor público, para "asegurar la realización de la diligencia dispuesta".
"De igual forma se hace conocer a los sujetos de la relación procesal que, no se aceptarán más diferimientos de la audiencia en razón que existen personas privadas de libertad, y la presente causa se ha dilatado considerablemente, por lo que se solicita a las partes tomar en cuenta el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial que dice relación con los principios de buena fe y lealtad procesal", enfatizó Freire.
Según el artículo 541, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la prisión preventiva no podrá exceder el año, cuando el delito supera los cinco años de prisión. En delincuencia organizada, la sanción establecida implica una pena privativa de la libertad de siete a diez años.
La primera convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio se señaló para el 31 de marzo de 2021. Sin embargo, el proceso ha sufrido varios diferimientos e incidentes provocados por las defensas de los procesados.
Al momento, Jacobo Bucaram cumple prisión preventiva en su vivienda, respectivamente. Esta medida cautelar se dictó acorde a decisión emitida dentro de una acción constitucional de hábeas corpus.
Mientras que para Abdalá Bucaram se revocó la orden de arresto domiciliario y se le cambio, también a través de un habeas corpus, por presentaciones periódicas.
Según Fiscalía, este caso está relacionado con presuntas irregularidades en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detección de Covid – 19. Los hechos habrían ocurrido entre marzo y junio de 2020, pero cuyas consecuencias –para pretender dar una apariencia de legalidad al accionar de los procesados– se habrían extendido a octubre de 2020, en las provincias de Pichincha, Guayas, Esmeraldas y Santa Elena.
En esta causa están procesados también –en calidad de autores– los extranjeros Sheinman Oren y Shy Dahan, este último asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
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