Una servidora policial fue llamada a juicio por su presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero. Los hechos ocurrieron en Ambato, provincia de Tungurahua.
Luego de que Fiscalía presentara los elementos de convicción recabados en la investigación, un Juez dictó auto de llamamiento a juicio en contra de la uniformada identificada como Erika Paola Y. V., y Divina Antonia P. M., como presuntas autora y cómplice, respectivamente.
Las ciudadanas habrían recibido 39.820 dólares de la víctima con la promesa de que tendría una ganancia del 3% diario por su dinero.
Según la investigación, los hechos se registraron el 25 de marzo de 2021, cuando Erika Paola Y. V., paciente de la víctima en el Hospital Básico Enrique Becerra de Guaranda, la convenció de invertir en una plataforma de inversiones.
La servidora policial le dijo que era la administradora de dicha empresa y que era un negocio legal ya que tenía autorización de la Superintendencia de Bancos y que solo miembros de la Policía Nacional podían ingresar, sin embargo, ella podría hacer una excepción para que pueda realizar la inversión y ganar mucho dinero.
Erika Paola Y. V., le pidió a la víctima realizar depósitos o transferencias a su cuenta y a la cuenta de su socia, Divina Antonia P. M., la mujer realizó varios depósitos hasta completar la cantidad de 39.820 dólares.
Posteriormente, la víctima acudió a la Superintendencia a verificar la existencia de dicha empresa, misma que constaba como inexistente y que las hoy procesadas no contaban con autorización para realizar actos de intermediación financiera por lo que acudió a Fiscalía denunciar el hecho.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal del caso anunció los elementos recabados en la etapa de instrucción fiscal. También emitió un dictamen acusatorio individualizado contra las dos procesadas, fundado en versiones, pericias y documentos.
El magistrado ratificó las medidas cautelares en contra de ambas, así como la presentación periódica y prohibición de salida del país.
El 15 de diciembre de 2021, mediante procedimiento abreviado, siete procesados ya fueron sentenciados por captar dinero en la misma empresa y el 16 de junio de 2022 cuatro personas más –entre ellas los jefes de la empresa– fueron sentenciados a 5 años, decisión que fue apelada y aún se espera su resultado.
La captación ilegal de dinero está tipificada como delito en el artículo 323, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.