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Juez ordena devolución de bienes incautados en caso PipMaster, por "inadecuada administración" de Inmobiliar

El representante Cristhian J. es investigado por presunto lavado de activos.

martes, 25 octubre 2022 - 14:47
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Un juez ordenó la devolución de los bienes incautados a la captadora ilegal de dinero PipMaster, cuyo representante Cristhian J. es investigado por presunto lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, a pesar de su oposición, el magistrado de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Santo Domingo, Wilson Loaiza Encalada, aceptó el pedido de la defensa de Cristhian J. y cambió la medida cautelar de incautación de bienes a prohibición de enajenarlos.

En su dictamen, el juez dispuso la devolución de los inmuebles del procesado, ubicados en Santo Domingo de los Tsáchilas, debido a una "inadecuada administración" de los bienes por parte de de la empresa pública Inmobiliar.

Asimismo, el magistrado levantó la prohibición y medida cautelar que pesaba sobre un vehículo, y se proceda a su devolución.

En relación a una orden de incautación sobre dos lotes de terreno, la resolución señala que "Inmobiliar no ha cumplido con custodiar los bienes", por lo que se ordenó la prohibición de enajenar de dicho inmueble, y que, en el término de tres días máximo, Inmobiliar "devuelva con el respectivo con el mismo inventario todos los enseres que han sido retirados, caso contrario el fiscal sabrá direccionar cualquier tipo de conducta penal relevante".

Dentro del proceso, están implicados Cristhian J., su esposa Natalia G. y 30 personas más, entre naturales y jurídicas.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué ofrecía PipMaster, una captadora de dinero que usó 15 empresas para mover $41 millones?

El 22 de julio de 2021, Fiscalía inició una investigación previa por supuestas acciones de PipMaster tendientes a incurrir en el delito de lavado de activos, teniendo como delito precedente la captación ilegal de dinero,

Tenía su punto de operaciones en Santo Domingo de los Tsáchilas y había sido reportada por la Superintendencia de Compañías, ya que no contaba con autorización para realizar operaciones de casa de valores.

La investigación ha determinado que mediante una red de 15 compañías, tales como heladerías, salas para juego de bolos, gimnasio y otros negocios que operaban en diferentes zonas del país, se habrían movido millonarias cantidades.

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