La Fiscalía General del Estado anunció nuevas diligencias dentro de la trama de corrupción que involucra el fondo de pensiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
En marzo pasado, las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga Aguinaga, exdirector de riesgos del ISSPOL, por su presunta participación en soborno y lavado de dinero.
Luzuriaga, residente en Florida, fue arrestado el pasado 26 de febrero, mientras que las autoridades estadounidenses emitieron una orden de arresto contra Chérrez, quien se cree que se encuentra en México.
Ahora, Chérrez y Luzuriaga serán procesados en Ecuador, la Fiscalía formulará cargos en contra de ellos y también al exdirector Económico-Financiero del Isspol, Orlando Nuques, Carlos Cobo Cox, Luis Álvarez Villamar y Luis Domínguez Viteri, el próximo 2 de junio en la audiencia de vinculación a la causa penal abierta por posible peculado, en la que están procesados los generales Enrique Espinosa de Los Monteros y David Proaño, exdirectores del ISSPOL.
Según Fiscalía, los involucrados participaron en operaciones financieras presuntamente irregulares, por más de 800 millones de dólares, que afectarían los fondos de seguridad social de 80 mil familias de la Policía.
De acuerdo a las denuncias penales, entre los años 2014 y 2020, el consultor de inversiones Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a funcionarios del ISSPOL, entre ellos a Luzuriaga, director de Riesgos del ISSPOL y miembro del Comité de Inversiones de dicha entidad, y a quien entregó en total 1.397.066 millones de dólares.
El objetivo era obtener fondos de los negocios de inversión del ISSPOL y en cuyo comité de inversión Luzuriaga tuvo "influencia" en las decisiones. Las denuncias alegan que Chérrez obtuvo unos 65 millones de dólares en ganancias como resultado de la trama.
El asesor financiero recibía pagos del negocio de inversión ISSPOL en una cuenta bancaria en Estados Unidos, utilizaba compañías y cuentas con sede en Florida para pagar sobornos y, según la acusación, "tomó acciones para promover el plan de sobornos mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida".
Con el fin de lavar el dinero ilegal y poner en funcionamiento la trama de soborno, Chérrez y Luzuriaga se valieron de compañías y cuentas bancarias con sede en Florida, incluidas numerosas compañías de fondos de inversión en EE.UU. en las que Chérrez aparecía como funcionario o director.