El Gobierno planteó el lunes destinar los recursos decomisados al narcotráfico y al terrorismo para la educación y tipificar el delito de extorsión.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, presentó ante la Corte Constitucional para su aprobación tres preguntas adicionales para el referendo que promueve para hacer enmiendas en la Carta Magna sobre extradición, democracia y medioambiente.
"Dos tienen que ver con la seguridad: la una para regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales y del crimen organizado" para la educación, dijo Jiménez.
Agregó que la otra interrogante apunta a "tipificar el delito de extorsión y sancionar con pena privativa de la libertad de siete a diez años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada".
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Las consultas implican reformas a los códigos penal y tributario.
Hace casi tres semanas, la Corte Constitucional dio luz verde a seis de las ocho primeras preguntas planteadas para modificar la Carta Magna a través de un referendo.
La Corte Constitucional aprobó que mediante referendo se resuelvan temas como la reducción del número de asambleístas (de 137 a unos 100), la extradición de ecuatorianos implicados en delitos trasnacionales, la entrega de compensaciones para la conservación de la naturaleza y la protección de las zonas hídricas.
Hasta el momento, el gobierno no ha planteado fecha para la consulta popular.