Una funcionaria de la Fiscalía General del Estado, que habría ofertado puestos de trabajo en la institución a cambio de dinero, fue llamada a juicio por presunta concusión.
El Juez Carlos Geovanny Sánchez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Salcedo dictó el auto de llamamiento en contra de Amparo Q.
Fiscalía inició una investigación previa el 24 de marzo de de 2022, tras recibir la denuncia de dos personas que, en su relato, afirmaron haber entregado la cantidad de 3.750 dólares –entre ambos– a cambio de dos puestos de trabajo en la Fiscalía General del Estado.
Amparo Q. habría solicitado esa cantidad de dinero como garantía para el ingreso laboral, para lo cual pactó un encuentro en Salcedo, provincia de Cotopaxi. Ella habría asegurado que se desempeñaba como Directora de Talento Humano de la Institución.
La entonces funcionaria habría entregado a las víctimas varios documentos como el “Acuerdo de Confidencialidad”, “Compromiso de Honor”, acciones de personal y contratos de servicios con la firma electrónica de la máxima autoridad de Fiscalía General del Estado, todos ficticios. Además, la procesada habría adjuntado una copia de su credencial de abogada, cuyo número de matrícula resultó no corresponderle.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, Fiscalía presentó la documentación que acredita que la procesada es funcionaria pública de la institución, informes policiales de reconocimiento del lugar de los hechos, análisis telefónico de correspondencia entre los números celulares de la procesada y las víctimas, pericia de informática forense, pericias documentológicas realizadas a los documentos que la procesada entregó a las víctimas y cotejamiento de los mismos con el archivo que reposa en Fiscalía, la certificación de que la procesada no tiene firma electrónica, certificado del Senescyt que acredita que la procesada no tiene un título de tercer nivel y el oficio que señala que el número de matrícula de abogada no pertenece a Amparo Q.
También se presentó un informe de los movimientos de las cuentas bancarias de los denunciantes, que coinciden con las fechas de retiro y posterior entrega de dinero a la procesada.
Para este caso, la Unidad de Talento Humano de Fiscalía, emitió certificados donde se señala que, “no se establece como requisito para el ingreso a la Institución, el depósito de dinero como garantía”, otro donde se indica que los números de acciones de personal que constan en los documentos entregados a las víctimas no corresponden a Fiscalía General o sus unidades provinciales; y, donde se menciona que ambas víctimas no son funcionarios ni han prestado servicios a Fiscalía General del Estado.
En la diligencia, también se presentaron los testimonios anticipados de las víctimas y de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Al finalizar la audiencia, el Juez ratificó las medidas cautelares que pesan sobre Amparo Q., como presentación periódica y prohibición de salida del país.
Este caso se lleva en la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y cuenta con el seguimiento de la Dirección de Transparencia en la Gestión, de la Fiscalía General del Estado.