Fiscalía explica lo acontecido en el caso de violación y tortura de un niño en Naranjal; inicia investigación contra el MIES
Fiscalía dispuso una investigación contra el Ministerio de Inclusión Económica y Social y casas de salud.
La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado, este martes 21 de septiembre de 2021, en el que se refirió a las investigaciones de presuntos delitos de violencia física y sexual en contra de varios niños, y en específico sobre la presunta violación y tortura de un menor de 6 años, en Naranjal, cuyo caso fue revelado por Vistazo.
La entidad detalló que el pasado lunes 6 de septiembre, la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Unipen) comunicó a Fiscalía del ingreso –cuatro días antes– de un niño en estado grave al Hospital Francisco de Icaza Bustamante, con signos de violación, maltrato físico y tortura.
"De las primeras diligencias, se obtuvo la información de dos hechos distintos; por un lado, el caso de maltrato físico; y, por otro, la presunción de vulneración de integridad sexual de un niño de 6 años, enmarcados como delito no flagrante", puntualizó la Fiscalía.
Al respecto, la Fiscalía señaló que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y las casas de salud IESS, de Milagro, Hospital de Naranjal y Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil, fueron los primeros en conocer el caso, el 4 y 5 de septiembre pasado. "Sin embargo, no pusieron oportunamente en conocimiento de Fiscalía la comisión del presunto delito en las fechas señaladas. Por este motivo, se ha dispuesto una investigación contra estas entidades con base en el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) respecto del deber de denunciar", agregó en su comunicado.
Por su parte, Fiscalía argumenta que "actuó dentro de los tiempos respectivos", con base en el parte policial de fecha 6 de septiembre y alcance de Unipen, entregado el 7 de septiembre, donde no se habría anexado documentación alguna de reconocimiento médico legal. No obstante, se han desplegado las acciones investigativas pertinentes.
Desde el MIES, se reportó que hay otra menor de 8 años que, presuntamente, también fue víctima de violencia física y sexual, ante lo cual, según Fiscalía, se desplegaron las diligencias pertinentes para recabar información.
Al momento, el caso se encuentra en investigación previa (violación) e instrucción fiscal (violencia física), por lo que goza de reserva, más aún siendo procesos que involucran a menores de edad en situación de vulnerabilidad, "conforme establecen los artículos 35, 44 y 45 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 180, numeral segundo, y lo prescrito en el artículo 584 del COIP".
Con la finalidad de que el caso sea investigado por personal con enfoque interseccional, el viernes 17 de septiembre, la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, dispuso que el expediente del caso se traslade al despacho de la fiscal especializada en Violencia de Género Yoli Pinillo.
En el contexto familiar, también se conoció de la existencia de una menor de 16 años, quien es madre de un niño de un año, por lo que se ha iniciado otra investigación para determinar las circunstancias del embarazo.
Fiscalía informó que, "en el marco de sus competencias, recabará los elementos necesarios para, de ser oportuno, reformular cargos".
Mientras que, a través de la Dirección de Transparencia y del equipo de Género, perteneciente a la Dirección Derechos Humanos, Fiscalía indicó que supervisa el desarrollo de las investigaciones, cuyas víctimas en este caso son hermanos y cuyos agresores, presuntamente, serían su padre y madrastra.
Por último, la Fiscalía exhortó a las instituciones involucradas en esta causa a "que se entregue la documentación correspondiente de manera directa –como corresponde– al ente investigador, en este caso, la Fiscalía General del Estado".
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (CEPAM), se hizo cargo recientemente del caso de los menores, con el objetivo de dar un tratamiento legal pertinente, y resolver las “irregularidades” detectadas en la propia justicia.
Consuelo Bowen Manzur, directora de la clínica jurídica feminista del CEPAM y experta el litigio estratégico en el Sistema Interamericano, informó que presentarían una queja en el Consejo de la Judicatura por “algunas negligencias e irregularidades que han ocurrido en este caso”.
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