La Fiscalía Anticorrupción de España está investigando el presunto pago de sobornos por parte del consorcio integrado por Prointec (filial de Indra), Bustren y KV Consultores, para que se les adjudique un contrato de 20 millones de dólares por asesoramiento para la construcción del metro de Quito.
Tras las diligencias se logró recabar indicios que apuntan a que el grupo de compañías pagó al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para garantizarse el encargo, recoge el medio español El Confidencial.
Este proceso judicial inició tras las denuncia de personas que participaron de forma directa en la transacción. Testigos habrían confesado que los sobornos se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios.
Para no levantar sospechas, los sobornos se habrían dividido en pagos más pequeños, tras un bono inicial de más de 300 mil dólares, para luego hacer 24 pagos posteriores de 35 mil cada uno.
Quien recibió el dinero en Ecuador habría sido uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien presuntamente levantó una sociedad ficticia únicamente para recibir el dinero.
El contrato fue firmado el 17 de julio de 2013, por Édgar Jácome, quien entonces era gerente general del proyecto, delegado por el alcalde de Quito, Augusto Barrera.
En el centro de este escándalo está Jesús Miguel Trababa, responsable máximo de Bustren, la compañía que lidera el consorcio, y quien fue consejero delegado del Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011.
Según El Confidencial, desde allí pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el proyecto del metro e incluso se reunió con el alcalde Barrera para conocer los detalles.
Tras ello, Trabada firmó un contrato privado con responsables de Prointec y KV Consultores para formar un consorcio y presentar una oferta al Municipio de Quito. Así surgió la sociedad ecuatoriana Consorcio GMQ.
A decir del fiscal Luis Rodríguez Sol, GMQ influyó a través de sobornos incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada.
En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. Un mes después, el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en Ecuador.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Alejandro Abascal, citó para el próximo 3, 4 y 5 de mayo de 2022 a nueve acusados por el supuesto.
Este escándalo de corrupción sale a la luz en un momento en el que los representantes de una quincena de embajadas participaron el lunes en una reunión sobre el proceso de selección para la contratación de la empresa que operará el Metro de Quito, construido por la empresa española Acciona.