Cinco individuos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años, fueron procesados por la Fiscalía por el presunto delito de delincuencia organizada. Los sospechosos fueron aprehendidos tras un intento fallido de asesinato a un ciudadano y su hijo, ocurrido la mañana del viernes 21 de junio a la altura del peaje de la vía Durán – Tambo.
Los arrestos se produjeron después de que las autoridades detuvieran a los sospechosos en uno de los vehículos involucrados en el intento de asesinato. Durante la inspección del automóvil, se encontraron dos armas de fuego con cargadores, 10 cartuchos sin percutir, y vestimenta similar a la de la Policía Nacional, con los respectivos logos institucionales.
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Otro vehículo, reportado por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 como parte del hecho criminal, fue abandonado en el kilómetro 16,5 de la misma vía.
Testigos afirmaron que varios de los participantes cambiaron de vehículo en un intento de eludir a la Policía, lo cual fue confirmado por imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Judicial Multicompetente del cantón, a la espera de la audiencia respectiva. Las evidencias, incluyendo vehículos, armas de fuego, municiones y la indumentaria aparentemente policial, fueron ingresadas en la cadena de custodia de la Policía Judicial.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal a cargo del caso presentó diversos elementos de convicción. Estos incluían el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes involucrados en el operativo y las evidencias encontradas.
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El Juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Andy Alejandro V. Y., Carlos Jair C. V. y Jaime Ernesto I. J., iniciando una instrucción fiscal de 30 días por el presunto delito de delincuencia organizada.
Posteriormente, en una audiencia separada, los dos menores de edad fueron procesados por el mismo delito, con un juez especializado disponiendo su internamiento preventivo.
La Fiscalía procesó este caso bajo el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con penas privativas de libertad que oscilan entre diez y trece años de prisión.