Estos son los diez jueces que no justificaron sus fortunas
Los auditores concluyeron que diez de los jueces (un 40 por ciento de la muestra) tienen irregularidades.
Por Fernando Medina
Alianza Código Vidrio – Vistazo
Los hallazgos son parte de un estudio aleatorio y de riesgos que la Contraloría realizó desde enero del 2022. Un equipo de auditores analizó los patrimonios de 30 jueces a nivel nacional.
El proceso culminó en marzo pasado. Los auditores concluyeron que diez de los jueces (un 40 por ciento de la muestra) tienen irregularidades, y presumen que se cometieron delitos penales de perjuicio y enriquecimiento ilícito.
Esta alianza periodística accedió a las identidades de los funcionarios señalados con IRP. Y revisó sus declaraciones juramentadas, que son públicas en el sitio web de la Contraloría. Así confirmamos que en todos los casos hubo un aumento de sus patrimonios. Estas diferencias no pudieron ser justificadas ante los auditores, que sí establecieron como consistentes las declaraciones de 20 jueces.
En la lista observada constan seis hombres y cuatro mujeres. Los funcionarios trabajan en los juzgados de Guayas, Los Ríos, Manabí, Azuay, Cañar, Loja y Pastaza.
Según los datos de la Judicatura, son jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel. Se trata de:
-Milton Napoleón Morales Morales, juez multicompetente de Los Ríos.
-Mercy Carolina León Cruz, jueza penal de Guayaquil.
-Ángel José Briceño Castillo, juez de Loja
-Juan Giovani Sailema Armijo, juez provincial de Pastaza
-Luis Alberto Guerrero, juez de Azuay.
-Grace Antonela Cevallos Tagle, jueza de Manabí.
-María Soraya Quintero López, jueza de Azuay.
-Mauro Alfredo Flores González, jueza de Cañar.
-Gilda del Pilar Gómez Rivera, jueza de Babahoyo
-José Antonio Intriago Williams, juez de Guayaquil.
La Fiscalía tiene en su poder los informes de responsabilidad penal para investigar los presuntos delitos que habrían cometido al incrementar injustificadamente sus patrimonios, entre 2018 y 2022. De hecho, ya ha avanzado en las investigaciones y ha llamado a dar versiones a algunos de los jueces. Contactamos a todos los jueces investigados. Cuatro accedieron a dar su versión y aseguraron que no han cometido ningún delito, que justificaron sus patrimonios en la auditoría del ente de control y que actualmente ejercen su defensa en la Fiscalía. Los seis restantes no se pronunciaron: algunos dijeron que al ser un proceso reservado preferían no dar declaraciones y otros estaban ausentes o de vacaciones.
El año pasado, la Contraloría hizo un examen a las declaraciones de bienes del mando de la Policía, integrado por 25 generales, y estableció reportes de IRP para tres oficiales, dos salieron de la entidad y un tercero está activo. Se trata del general Fausto Buenaño Castillo, comandante de la Zona especial de Esmeraldas, a quien la Fiscalía le abrió una indagación por un supuesto enriquecimiento ilícito. Tras ocho meses de indagación, la Fiscalía archivó el proceso porque el oficial descargó y aclaró todos los indicios penales que inicialmente se señalaron en su contra.
¿QUIÉNES SON LOS JUECES CON IRP?
Milton Morales Morales es el juez que más incrementó su patrimonio, desde el 2018. En ese año, según su declaración juramentada, sus posesiones apenas alcanzaban un valor de 929 dólares. Dos años más tarde, su patrimonio se multiplicó, llegando a 405 mil. En tanto que para el 2022 su patrimonio volvió aumentar otros 32.970 dólares. Morales es juez multicompetente del cantón Montalvo, en Los Ríos. Sus ingresos son de 4.164 dólares y entre sus bienes figuran cuatro propiedades en Guayas y Santa Elena. Dos de las viviendas están valoradas en 154.700 y 200.000 dólares.
Ocupa el cargo de juez desde el 2014 y en el sistema de la función judicial tiene un proceso de recusación, que fue inadmitido por otro juez.
Al buscar su versión, un funcionario de su despacho dijo que el juez no atenderá ninguna entrevista a medios de comunicación. Que los procesos que se están investigando son de carácter reservado y que los jueces están prohibidos de emitir declaraciones por disposición del Consejo de la Judicatura.
Mercy León Cruz es jueza de primer nivel de Guayaquil. Según su delaración de bienes, ha trabajado en el complejo judicial La Florida. Es funcionaria desde el 2014 y su patrimonio actual asciende a 260.586 dólares.
Sus posesiones también registran un importante incremento desde el 2018. Ese año, reportó bienes por 32.767 dólares. En cinco años, la jueza multiplicó su patrimonio hasta ocho veces más. Tiene dos casas en Guayas, valoradas en 115.000 dólares. Su sueldo actual es de 4.164 dólares. Ha sido recusada en seis ocasiones. Pero ninguna causa prosperó.
Al ser consultada la jueza se mostró sorprendida por la apertura de la investigación fiscal. Dijo que la Contraloría se comunicó con ella hace un año y le pidió que justifique su patrimonio. Asegura que entregó todos los documentos de forma física y digital. Pensó que con eso sería suficiente hasta que le informaron que existe un informe de responsabilidad penal, al cual señala que no ha tenido acceso. Cuenta que a principios de abril la Fiscalía le informó el inicio de la investigación previa por un presunto enriquecimiento ilícito y que fue llamada a dar su versión, pero pidió un diferimiento por motivos de trabajo.
Ahora, señala que recopilará toda la información necesaria para presentar ante la Fiscalía. “Soy cristiana y una persona íntegra. Por mi trabajo he recibido bastantes demandas de recusación, pero es porque la gente no se conforma cuando pierde. Yo he resuelto cada caso bajo derecho y eso a veces no se entiende”, señaló.
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Ángel Briceño Castillo es juez de primer nivel de Loja. Los reportes señalan que es el jurista con el tercer patrimonio que más se incrementó en los últimos años. Pasó de tener 5.856 dólares, el 2018, a 223.090 en 2022.
Tiene una casa de 200.000 dólares y una finca valorada en 140.000. Las dos propiedades están en Loja. Briceño es juez desde el 2012 y su sueldo actual es de 4.164 dólares. No cuenta con demandas en su contra. Contactamos al juez por vía telefónica, pero dijo que el proceso está en investigación y que es reservado. Por lo tanto manifestó que no va a emitir declaraciones.
Juan Sailema Armijo es el único juez provincial, que está en la lista de los funcionarios observados por la Contraloría. Desde el 2020 preside la Corte Provincial de Pastaza. Llegó a ese cargo luego de ser juez de la sala provincial multicompetente. Además, ha ocupado otras dignidades en Ambato y en Napo. En esta última también fue juez provincial. A su llegada a Pastaza señaló que “la honestidad y la transparencia son principios inherentes a los administradores y operadores de Justicia” y que en su administración no habrá influencias internas o externas.
Dos años después, el judicial deberá enfrentar una investigación de la Fiscalía por irregularidades en su patrimonio. Según la Contraloría, el juez en el 2018 declaró tener posesiones por 85.604 dólares. Hoy su patrimonio es de 285.661. En la lista de sus bienes consta un departamento en Pastaza y otras cuatro propiedades en Tungurahua. Entre todas suman 132.702 dólares. En tanto que, en dos vehículos, marca Toyota, el avalúo es de 40.000.
Según el Sistema de la Función Judicial también tiene seis recusaciones, pero ninguno prosperó. Su salario sobrepasa los 5.000 dólares.
El juez provincial de Pastaza dijo a esta alianza que realizó los descargos a su debido tiempo en Contraloría, pero los auditores no los acogieron, dando paso a su informe de IRP.
Sailema cuenta que la entidad le pidió que justifique el pago de 130.000 dólares de una tarjeta que le pertenece a su cónyuge. El magistrado afirma que está separado de su esposa, pero legalmente sigue casado.Y afirma que los ingresos de su expareja provienen de tres casas renteras que posee. Sin embargo, los contratos de arrendamiento son verbales y por eso la Contraloría no los acepta. “En la ley establece que los contratos de arrendamientos pueden ser verbales o escritos”,dice el juez.
Afirma que hace seis meses realizó la disolución de la sociedad conyugal para evitar problemas. “Todo mi patrimonio está justificado en mis declaraciones juramentadas”, señaló.
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Luis Alberto Guerrero es juez de Familia, Mujer y Adolescencia en Azuay. Llegó al cargo en 2014. Los datos que proporcionó en el 2018 son bajos. Ese año, el funcionario indicó que su patrimonio llegaba a 6.564 dólares. Pero en el 2022 esa cifra sobrepasó los 154.000. Guerrero es conocido en Cuenca por un fallo judicial que expidió en 2019. Dio paso a la acción de protección presentada por las concejalas Paola Flores y Marisol Peñaloza, en relación a la elección del vicealcalde de Cuenca, al considerar que la misma violaba derechos de equidad y paridad de género. Por esa decisión fue duramente custionado desde la administración municipal. La Defensoría del Pueblo salió en defensa del magistrado y denunció que sufrió hostigamientos.
Hoy Guerrero deberá enfrentar una investigación penal por las inconsistencias en su patrimonio. Entre sus bienes están una oficina, una casa y un departamento, en Azuay. Los tres inmuebles tienen un avalúo de 230.000 dólares.
El juez dice que la Contraloría le notificó el año pasado que harían un análisis de su patrimonio. Le solicitaron documentación de respaldo de sus tarjetas, estados de cuenta y bienes. Posteriormente, le pidieron que justificara cómo logró pagar parte de sus deudas y que justificara el origen lícito del dinero que utilizó para reducir sus pasivos.
“Yo cumplí con todo a cabalidad. Entregué documentos que justifican mi patrimonio”, señaló. “Pero la Contraloría determinó que este aumentó por el hecho que disminuyeron algunas obligaciones que tenía con familiares cercanos. Todo lo he justificado con documentación, pero a la Contraloría no le sirvió e hizo caso omiso. Yo estoy tranquilo, no tengo nada que ocultar”.La Fiscalía ya receptó su versión en la que presentó los mismos documentos que entregó a la Contraloría.
Según el magistrado, la semana pasada un perito de la Fiscalía ya terminó un informe sobre su patrimonio. Espera que con esa pericia se aclare el caso. Por otro lado, dice que el día que la Contraloría leyó el informe él no pudo estar presente. El equipo auditor realizó la presentación por zoom, pero él nunca pudo conectarse por fallas en el sistema.
Grace Cevallos Tagle fue posesionada como jueza de primer nivel en junio del 2021. Trabaja en Pedernales, Manabí. A pesar de que lleva poco tiempo en el cargo, la Contraloría también identificó irregularidades en sus declaraciones juradas.
Según sus informes patrimoniales, el 2020 reportó un patrimonio de 13.566 dólares y un año después registró un incremento que llegó hasta los 151.648. Cevallos no es funcionaria judicial de carrera. De hecho, en el historial de la Contraloría desde el 2017 ha pasado por al menos seis instituciones públicas, como la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el Municipio de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil, entre otras. Entre sus bienes más costosos está una casa en Guayas valorada en 150.000. La funcionaria gana 4.164 dólares de salario.
Esta alianza envió un correo electrónico a su mail oficial de la Judicatura y se contactó con su oficina. En esta última, una funcionaria afirmó que la jueza estaba delicada de salud y que había indicado que se comunicaría con este medio para pronunciarse. Hasta el cierre de esta edición, eso no ocurrió.
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María Quintero López es jueza desde 2013. Es parte del grupo de magistrados de Azuay con sede en Cuenca. También maneja procesos relacionados a familia, mujer y adolescencia.
En 2018, la jueza reportó un patrimonio de 2.400 dólares. Ahora, la cifra supera los 120.000. Esto llamó la atención de la Contraloría pues significa que su patrimonio se multiplicó ocho veces, en cinco años.
Entre los bienes a su nombre hay dos terrenos y una casa en Azuay. Según el reporte del 2022, esos bienes fueron adquiridos mucho antes de ser jueza. Sin embargo, en 2018 no los reportó.
Las últimas adquisiciones que realizó son dos vehículos valorados en 49.000 dólares. Quintero también gana 4.164 dólares.
Hasta el cierre de edición, la jueza no respondió el pedido de entrevista que se le realizó a través de su correo electrónico de la función judicial. Tampoco respondió al número telefónico de su despacho.
Mauro Flores González pertenece a la judicatura de Azogues, en Cañar. Es juez provincial multicompetente y funcionario de carrera. Ha trabajado en la función judicial por más de 30 años.
Su nombre en la lista de inconsistencias patrimoniales aparece porque también existe un desbalance importante entre el 2018 y 2022. Según los informes, su patrimonio entre esos dos años pasó de 6.000 a 120.050 dólares.
En 2020 compró una casa valorada en 120.000 dólares. Sin embargo, en los registros de deudas también existe un préstamo al IESS por el mismo valor.
La Fiscalía deberá indagar si existen o no irregularidades en su patrimonio.
Al ser consultado el juez enfatiza: “jamás ha sido amonestado por actos de corrupción o multas”.
No niega que en la Función Judicial exista corrupción, pero afirma que no es parte de ella.
Comenta que es juez provincial de Cañar desde el 2008 y que la Contraloría le indicó que debería justificar la adquisición de dos vehículos que están a nombre de su esposa y un terreno. Según el magistrado, él se casó en 2014 y esos bienes son de su esposa desde mucho antes.
Además, indica que le hicieron observaciones por dos depósitos que recibió a sus cuentas por aproximadamente 20.000 dólares.
Afirma que son dineros lícitos y que tienen su justificación. Uno de ellos estaría relacionado con la compra de una casa que realizó, con un saldo a su favor.
Por eso, en la Fiscalía ha explicado que las personas que realizaron los depósitos pueden dar su testimonio para comprobar la legalidad del dinero.
“A la Contraloría incluso les ha llamado la atención un viaje que realicé a Tumbes (Perú), hace cinco años. Me pidieron que justifique con qué dinero me fui. Por sentido común les dije que como juez si he de tener unos 200 o 300 dólares de mi sueldo para ir de viaje como cualquier persona. Yo no tengo pasaporte ni visa. Jamás he salido del país como otras personas que van y salen para ir a dejar el dinero en cuentas offshore. Soy honesto”, afirma.
Otro de los patrimonios señalados por irregularidades es el de la jueza de Babahoyo (Los Ríos), Gilda Gómez. Los reportes muestran registros inusuales entre 2018 y 2022. En este último año reportó posesiones por 150.000 dólares. Cinco años antes tenía 16.000 en bienes.
Según los datos oficiales, la jueza adquirió en 2019 una casa en Los Ríos por 130.000 dólares. Pero mantiene en deudas un monto de 6.000 dólares.
En el despacho de la jueza, personal judicial informó se encuentra de vacaciones y evitaron dar más información. Esta alianza también envió un pedido de entrevista formal a su correo electrónico institucional. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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José Intriago Williams el juez que presenta el incremento patrimonial más bajo, de la lista de los 10 observados. En 2018 tenía posesiones valoradas en 18.856 dólares y en 2022 la cotización de sus bienes aumentó a 78.651. Es decir, hay una diferencia de 60.000 dólares. El magistrado deberá justificar esos montos a la Fiscalía. La entidad analizará sus actividades desde que inició labores en el 2015 como juez de primer nivel en Guayaquil.
Actualmente, Intriago enfrenta un proceso judicial por calumnia y otro por recusación. Esta última fue archivada.
Ante la llamada de esta alianza, el juez inicialmente indicó que sí se pronunciaría sobre los procesos en Contraloría y Fiscalía. Pero posteriormente no respondió las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos que le enviamos.
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