Este lunes 20 de diciembre inicia el piloto de censo a la población penitenciaria, cuya finalidad es obtener información sociodemográfica, jurídica, datos relacionados a la situación familiar y vinculación en los ejes de tratamiento de las personas privadas de libertad.
De acuerdo con el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el censo permitirá implementar acciones para alcanzar los objetivos del "Plan Rescate Ecuador" en cuanto a la atención de la situación carcelaria.
Este 20 y 21 de diciembre se desarrollará una prueba piloto como fase preparatoria para afinar detalles de lo que será el Censo Penitenciario 2022, en los 36 centros de privación de libertad del país.
Para ello la mesa técnica conformada por el SNAI, el INEC, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la Dirección Nacional de Investigación Técnico Científica Policial y la Secretaría de Derechos Humanos ejecutará el plan piloto en uno de los Centros de Privación de Libertad.
Asimismo, se afinará detalles de la aplicación del protocolo de seguridad, medidas de bioseguridad, logística, tiempos de registro de datos en el formulario e intercambio y consolidación de información.
"En cumplimiento a los compromisos del Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, el Gobierno Nacional ha trabajado durante esto meses en el cronograma y planificación de las responsabilidades de cada entidad, así como en la elaboración del formulario, con lo cual se garantizará que los datos obtenidos sean verídicos", indicó el SNAI en un comunicado.
El viernes pasado, el presidente Guillermo Lasso dispuso la creación de una comisión con miras a buscar herramientas para la erradicación de la violencia de las cárceles, en las que bandas con vínculos con el narcotráfico sostienen una guerra por el poder que deja más de 310 presos fallecidos en 2021.
Ese mismo día, los nueve miembros de la Comisión de Diálogos Penitenciarios y Pacificación iniciaron su gestión con un recorrido en el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas No.1.
El decreto de Lasso establece que la comisión tendrá "la misión de contribuir al desarrollo de estrategias para erradicar las muertes violentas y la crueldad en los centros de privación de libertad en el territorio nacional".
El organismo, que tendrá autonomía, deberá ajustarse a la Constitución y leyes y funcionará durante seis meses, tras los cuales deberá presentar un informe.