Director Ejecutivo de Asetel: “Nosotros no podemos recaudar, pero el Estado sí nos cobra”
Jorge Cevallos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), cuestiona la decisión desde la Asamblea Nacional de obligar a las empresas de este sector a posponer los cobros a los clientes, mientras el Estado les cobra los impuestos generados por esos mismos servicios. “Tenemos un problema de liquidez y una cartera por cobrar de hasta 60%”, explica.
Existe la creencia de que las empresas de telecomunicación viven una situación económica holgada y que por eso es viable que suspendan los cobros por sus servicios para apoyar en esta emergencia. ¿Es así?
Hay un mito de que las empresas de telecomunicaciones nadan en dinero. Ese fue el sector hace cinco o diez años, donde existía una posición económica distinta. En ese entonces habían servicios que generaban importantes ingresos, como las llamadas telefónicas, por ejemplo, nacionales pero sobre todo internacionales. Hoy aplicaciones como Whatsapp, Telegram, entre otras, han quitado esos ingresos porque permiten acceder a un servicio similar.
Mientras esto ha sucedido, y por ende hemos reducido los ingresos del sector, por otro lado necesitamos invertir sostenidamente para soportar la red de datos para que los usuarios usen este servicio de manera óptima.
Esta percepción nos costó en diciembre que la Asamblea Nacional incluya, en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que se aplique el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a los planes pospago de telefonía móvil. Es decir, del 12% que se agregaba a la factura por concepto de impuestos (IVA), ahora es un 22%. Y realmente es un contrasentido para el objetivo como país, de estar cada vez más conectados. Ahora peor con la obligación de no cobrar por los servicios que estamos entregando.
¿Es realmente una situación de cuidado para las empresas del sector?
Es que para sostener el servicio las empresas de telecomunicaciones hacen esfuerzos importantes, en reparaciones, instalaciones, mantenimiento… Desde el inicio nos sumamos a la ayuda, aumentando megas, minutos para llamadas y mensajes de texto, sin cobrar un centavo más, a los usuarios en general. Entendíamos que en ese momento, dada la problemática, debían seguir conectados. Al igual que las operadoras, lo hicieron también las empresas de servicios de Internet, telefonía fija, televisión pagada. Hicimos nuestra parte, y esto con la situación de que aumentó significativamente el consumo de Internet, por ejemplo, en 30% en promedio, por el teletrabajo, la educación online y la telemedicina.
Ahora, el problema es que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), a través de la resolución 133, nos indica que debemos abstenernos de suspender el servicio a los abonados por falta de pago. Sin duda se entendía al inicio con la gente que disminuyó sus ingresos, pero lo que falló es que se dijera que no se pague en general. Esto llevó a que el sector caiga en un problema de liquidez, con carteras por cobrar por encima del 60%, y por ende afectación en el pago a proveedores, a la nómina…
Claro, dentro de la resolución se indicaba que se acordarán convenios de pago con los clientes en caso de entrar en moratoria, pero el mensaje inicial fue que no se pague. Por eso a los pocos días desde el propio Gobierno se salió a explicar bien el mensaje, indicando que quienes tenían la disponibilidad para cancelar los valores por los servicios que reciben, que lo hagan a través de los medios digitales.
¿Es decir, un error desde el planteamiento?
Sí, porque se pudo encontrar un mejor mecanismo para apoyar en este momento. Por ejemplo, a través del Ministerio de Trabajo contar con un reporte de personas que perdieron sus empleos, o verificar casos donde la persona que recibe un servicio de telecomunicaciones realmente esté apremiado.
¿Desde el Estado no se realizó, por otro lado, un mecanismo de apoyo al sector?
Para nada. Nosotros no podemos recaudar los valores por los servicios que damos, pero el Estado sí nos cobra el IVA y el ICE de cada factura emitida. Es decir, emito una factura al cliente, quien no me paga, pero el Estado sí me cobra los impuestos de ese servicio. Entonces, la poca liquidez que tenía como empresa, se la debo entregar al Estado por algo no cobrado por el momento.
Consultamos al SRI si podíamos tener algún mecanismo para aplazar esos pagos y nos dijeron que legalmente no podían hacerlo, mientras con el Arcotel nos sentamos a revisar el pago de las concesiones, para diferirlos, y no lo aceptaron. Nos dijeron que hay una disposición en el sector público que implica la no reducción de los ingresos fiscales.
Ya de por sí llevamos más de tres años discutiendo por las tarifas de cobro del espectro (radioeléctrico), que son las más altas de la región, mientras los precios que se cobran al consumidor son los menores. Estamos embarcados en un proceso de digitalización muy fuerte, y podríamos ser la Corea del Sur de Latinoamérica en este tema, pero nos convertimos en una vaca lechera para generar tributos.
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