Más de treinta fotografías relacionadas con material de pornografía infantil reposaban en los archivos del sistema de correo electrónico de un ciudadano identificado como Juan Carlos I.
El hombre cumple prisión preventiva por la presunta comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, en Quito.
La fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti No.8), Teresa Coba, formuló cargos luego de liderar un operativo en el sector de La Roldós, en el norte de la capital, junto a la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales.
Fiscalía presentó ante un Juez de Garantías Penales los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación previa, que inició en junio de 2022, por una alerta generada a la Policía.
Entre estos constan: un informe de materialización de las fotografías que el procesado almacenaba en el sistema de correo electrónico que, a su vez, estaba anclado a su teléfono celular.
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Además, la fiscal expuso el informe de inspección ocular técnica, los datos del abonado obtenidos de la empresa de telefonía, así como el reporte emitido a los agentes de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional, que alertó sobre la presunta participación del procesado en el delito.
Con base en estos elementos, el juez aceptó la aplicación de esa medida cautelar y dio paso al inicio a la etapa de instrucción fiscal, cuyo plazo es de noventa días, vigente desde el pasado miércoles 19 de octubre, cuando se desarrolló la audiencia de formulación de cargos.
El operativo se ejecutó un día antes. Fiscalía en coordinación con Policía Nacional, allanaron el inmueble del procesado, ubicado en la parte posterior de un inmueble en el que, además, funcionaba una guardería.
Fiscalía no descarta que niños de ese centro educativo hayan sido víctimas del procesado, pues entre las fotografías encontradas en el correo se hallaron dos imágenes con contenido lesivo, en las que, además, aparecería una colchoneta que es utilizada en el centro infantil.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes: la persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.