Del ejecutor de un sicariato a los carteles de droga: así funciona la cadena de violencia en Ecuador
En el país, la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil personas pasó de 6,8 en 2019 a 10,6 en lo que va de 2021.
Las muertes violentas no paran en el país. El gobierno ha decretado el estado de excepción y está yendo con todo con la intención de desarticular diferentes bandas de narcotraficantes. Mexicanos, colombianos y brasileños estarían detrás del macabro negocio.
Sebastián tenía 11 años cuando fue asesinado, en el barrio del Centenario de Guayaquil, mientras disfrutaba de su helado favorito junto a sus padres. Álex, de 32 años, era una promesa deportiva ecuatoriana de altos quilates cuando su vida terminó en manos de sicarios, al norte de Guayaquil. Jorge se salvó de morir en plena avenida de las Américas cuando un delincuente disparó al parabrisas de su vehículo por el solo hecho de haber sido testigo de un robo.
Además, está fresco aún el asesinato de 119 detenidos en la Penitenciaría del Litoral. En Manta, en Durán, en Quevedo, en Babahoyo, en Ibarra o en Quito, los casos de sicariato se repiten con frecuencia.
En el país, la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil personas pasó de 6,8 en 2019 a 10,6 en lo que va de 2021, un incremento cercano al 60 por ciento. Al mismo tiempo, las estadísticas muestran una correlación entre la cantidad de droga decomisada y el aumento de la tasa de homicidios. Según el presidente Lasso, el 70 por ciento de las muertes violentas está vinculado al narcotráfico.
“Este desbordamiento de actividad delictiva requiere la movilización temporal de las Fuerzas Armadas para complementar y reforzar el rol de la Policía Nacional, siempre bajo la coordinación de esta última”, reza el último considerando del decreto que declaró un estado de excepción “por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días”.
CONTACTOS EXTRANJEROS
“¡No descansamos en el combate a la delincuencia! Esta madrugada en Guayaquil y Durán, la Policía Nacional capturó a 16 personas vinculadas a Los Choneros. Se sospecha que se dedicaban a la venta de droga, sicariato y robo. Se les incautó armas, vehículos y dinero”, trinó la ministra de Gobierno y Policía Alexandra Vela.
Aunque oficialmente no se lo haya aún reconocido, los informes internacionales ya ubican al Ecuador como un país productor de droga. Unos días atrás un reportaje de la cadena Ecuavisa daba cuenta del descubrimiento de sembríos de cocaína en pequeños islotes ubicados a lo largo del río Putumayo que divide la frontera entre Ecuador y Colombia en la provincia de Sucumbíos.
Expertos en seguridad concuerdan en que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los grandes compradores de la droga que circula por el Ecuador. Estos tendrían aún sus principales plantaciones al sur del territorio de Colombia. Por alguna razón han descubierto la aparente fragilidad de los puertos marítimos nacionales.
Eso explica que la actividad sea más detectable en Manta o al sur de Guayaquil y que en los últimos meses se hayan percibido, así mismo, movimientos ligados a sustancias ilícitas en las cercanías del puerto de aguas profundas de Posorja.
A los carteles mexicanos, se suma la tesis expresada por el exdirector de Inteligencia, coronel Mario Pazmiño. Él habla también de la presencia cercana de protomafias brasileñas a las que identifica como el primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho que se estarían aproximando cada vez al territorio nacional.
Otra amenaza importante “es la proliferación de mega bandas locales que tienen y ejercen un control territorial a sangre y fuego, desde los centros carcelarios hasta los controles por donde pasan los corredores o las rutas para el traslado del narcotráfico hacia los puertos y aeropuertos”, aseguró Pazmiño a The Washington Post.
DE FRENTE A LA JUSTICIA
De la experiencia nacional de policías y fiscales, en el cometimiento de cada delito intervienen al menos cuatro personas. El contratante o autor intelectual, un intermediario que en varios casos se lo ha ubicado dentro de las cárceles, el ejecutor que tiende a ser un menor de edad y la víctima.
Entre las razones para llevar adelante este tipo de delitos estarían el llamado ajuste de cuentas que se vincula aun mal reparto del botín, a la usurpación de territorios de expendio de estupefacientes o como venganza por haber colaborado con alguna autoridad y delatado a otros integrantes de la estructura. En pocos casos se ha determinado algún tipo de venganza personal como motivación.
Aunque el delito de sicariato está plenamente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, hasta fines de octubre, la Fiscalía General contabilizaba apenas cerca de 55 juicios seguidos por esta causa a nivel nacional. De ellos, las tres cuartas partes no tienen aún resolución.
Otro problema a la hora de perseguir legalmente a los asesinos es que las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para estos fines. Por su condición de tales, deben ser procesados ante jueces especiales cuya misión principal es lograr la rehabilitación del procesado y, en ningún caso, recibir sentencias penales condenatorias. ¡Maldita violencia!
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