Por Ana María Carvajal
Los colectivos acusan a las corporaciones chinas de llevarse el oro, el molibdeno, la plata y el cobre, poco a poco, mientras que en la selva dejan el rastro indeleble de la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y el despojo de territorios ancestrales de las comunidades.
Ecuador firmó acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan esos derechos, al igual que la Constitución. Según las normas, las comunidades deben ser consultadas sobre posibles explotaciones de recursos no renovables en sus territorios, pues podrían causar impactos tanto en su cultura como en el ambiente.
Luego del paro nacional de junio de 2022, promovido por organizaciones sociales encabezadas por la Conaie, la Fenocin y la Feine, se instalaron mesas de diálogo con el Gobierno con la mediación de la Iglesia Católica. El tira y afloja por los alcances de la consulta previa era uno de los principales motivos de los conflictos. Tanto el Gobierno como los voceros del movimiento indígena y campesino acordaron que debía trabajarse en una ley que la normara.
MIRADOR DEJA UNA ESTELA DE ENFRENTAMIENTOS
Uno de los proyectos que más enfrentamientos y reacciones ha causado los últimos años es Mirador, que es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente.
La concesión está ubicada en la comunidad de Tundayme. Allí se estima que existen unos 860 millones de toneladas de cobre, que explota ECSA. Aunque el Estado ha asegurado que se ha cumplido con las normativas ambientales y la consulta previa y un juez, en 2019, negó una acción de protección a la comunidad, los comuneros continúan en resistencia.
Un hecho no esclarecido es el asesinato del líder comunitario José Tendetza, un shuar que combatió el proyecto Mirador hasta que su cuerpo apareció en el río Zamora, en diciembre de 2014. Murió días antes del viaje a Lima que tenía previsto, para presentar su denuncia contra la minera en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza.
Meses antes, denunció persecución, por lo cual la empresa lo demandó. La Fiscalía identificó a dos sospechosos de su asesinato, pero en 2016 fueron declarados inocentes y aún no se ha identificado a los culpables. Este crimen sigue impune.
Los lugareños también denunciaron que en 2016 grupos relacionados con la empresa china ingresaron a la fuerza a territorio shuar, con maquinaria que acabó con sus cultivos, entre otros episodios violentos.
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GRAN CONFLICTIVIDAD EN EL PANGUI Y SAN JUAN BOSCO
Según un informe de la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, uno de los problemas que enfrenta Mirador es la gran conflictividad social en El Pangui. Por este motivo, el informe indica que se debe reubicar la relavera, que es un molino donde se procesa el material descartado de las opoeraciones mineras.
La opción es hacerla en Santa Cruz, pero sus propietarios aún tienen sembríos de cacao y otros productos, lo cual complica los planes de la reubicación. Otra opción es ampliar la relavera que opera en Tundayme, si los resultados de los estudios geotécnicos son favorables.
En esa localidad, según el informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, hubo una incursión a la fuerza, catalogada como ilegal, para hacer perforaciones, excavaciones y otras tareas que afectaron cerramientos, cercas y canales en los terrenos. En los años siguientes surgieron amedrentamientos, presuntas estafas, ofertas de trabajo, estudio y reubicaciones incumplidas, uso de testaferros que compraban los terrenos que luego transferían a las empresas, entre otros. El caso más grave ocurrió en San Marcos, una comunidad en la que, además de viviendas, fueron destruidas su iglesia, la escuela y otros espacios comunitarios.
Por este motivo -alta conflictividad- el Comando Conjunto de las FF.AA. se ha negado a aprobar la operación de una fabrica de explosivos que desde el 2019 construyó Ecuacorriente en este sector, pasando por alto prohibiciones legales y alertas de las autoridades de control.
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42 FAMILIAS PERDIERON SUS VIVIENDAS
El informe señala que a las 04:00 del 30 de septiembre, 13 familias fueron sorprendidas por un grupo de más de 100 uniformados, entre policías y guardias, que les dieron cinco minutos para desalojar. Sacaron sus pertenencias y animales y derrumbaron sus viviendas con maquinaria pesada. Desde ahí hasta 2016, al menos 42 familias y unas 136 personas perdieron sus viviendas.
La confrontación también llegó a la concesión San Carlos Panantza, en donde la comunidad ha logrado una victoria judicial. En septiembre pasado, la Corte Constitucional declaró que en ese proyecto, adjudicado a la empresa china ExplorCobres, se afectó el derecho a la consulta previa. Eso significó que se retire la licencia ambiental y se repare al pueblo Shuar que vive en el cantón San Juan Bosco, de Morona Santiago.
Los trabajos en esa zona están suspendidos desde que en 2016 hubo enfrentamientos entre comuneros Shuar, policías y militares, según un reporte del Ministerio de Energía. Un uniformado perdió la vida en ese conflicto. En 2020, mineros informales quemaron un campamento y este está en un proceso judicial que aún no se resuelve.
Consultada por Código Vidrio, ExplorCobres respondió, a través de la Cámara de Minería, que “las comunidades Shuar están tranquilas, pero las organizaciones como la PSHA (Pueblo Shuar Arutam), la FISCH (Federación Interprovincial de Centros Shuar), que son financiadas por ONGs extranjeras, se oponen a la minería responsable. Sin embargo, no se manifiestan en contra de la minería ilegal, no opinan ni comentan sobre la destrucción que causa ni los daños al ambiente”.
Las comunidades que están en la zona de influencia de la provincia, agregó, tienen un alto porcentaje de población en extrema pobreza. En general la empresa ha tenido “proyectos agropecuarios, de becas, salud, y otros”.
Pero Luis Sánchez, vicepresidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), resalta que las organizaciones shuar se oponen porque son las dueñas originarias de los territorios en los que no se ha hecho ninguna consulta: ni previa ni ambiental. Esta ha sido una vulneración de derechos sistemática que se repite en otros proyectos como Mirador o Fruta del Norte, por ejemplo, advierte. “Esto afecta a las comunidades y a la naturaleza, dejando daños irreversibles. Sin naturaleza ni agua, nosotros no existimos como rurales, pero para las ciudades debe ser así también”.
En ríos como el Tundaymi, Wawaymi o Kimi ya se han reportado graves daños. “Están desviados y van quedando vacíos”, observa. Por ahora, una de las mayores preocupaciones es que se desborden las relaveras que están sobre la cordillera y que contienen metales pesados. Eso destruiría todo aguas abajo, en un territorio muy accidentado, agrega Sánchez.
Pero el daño no es solo material. La minería en estos sectores ha causado división en las comunidades de influencia. Algunos ha optado por trabajar con las mineras mientras que otros se suman a la resistencia y varias ocasiones se han enfrentado. Decenas de familias han denunciado el despojo de su territorio.
Otros, como Sánchez, han sido obligados a vender sus tierras. Los que se oponen a la minera china -como él- afirman que tanto los caminos administrativos como judiciales son largos y engorrosos, por lo que están decepcionados.
Además de los daños ambientales, la muerte de animales de la zona y del desalojo del que han sido objetos, quienes aún se resisten denuncian además que se están dañando bienes arqueológicos. Lo que se recupera, dice Sánchez, no se sabe a dónde va a parar y en qué estado. Peor aún el futuro que le espera a lo que aún no ha sido removido de la zona.
DIVISIÓN ENTRE COMUNIDADES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Las secuelas sociales en las comunidades de influencia de esta industria son complejas. En eso coinciden Sánchez y Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional en Amazon Watch. Con la división en las comunidades surgieron problemas de violencia de género, intrafamiliar, construcción de casas de tolerancia para el trabajo sexual, separación de las familias, migración o condiciones de trabajo sin garantías. “Ha habido gente que se ha ido a otros países luego de trabajar con la minera porque no resultó cómo les decían. No pudieron hacer dinerito ni guardar de alguna forma. Les entregan cositas, contentando a la gente para engañarle y así no se paren o no denuncien a la empresa. Hacen que la gente viva de un salario, se vuelva dependiente y luego les tienen con amenazas”, dice Sánchez.
Jarrín agrega que con la minería se afectó a un tejido social comunitario que se basaba en otro tipo de principios. Las empresas llegaron a territorios indígenas y rompieron la conexión de la gente con su tierra, que ha sido ocupada sin su consentimiento. Aunque ella acepta que la consulta previa es una obligación estatal, agrega que “las empresas son responsables porque no están exigiendo que exista un proceso que además es su obligación el cumplir”.
Para María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, hacer la consulta previa no es el principal problema sino la falta de una ley que habilite su aplicación.
Si bien consta en el Convenio 169, que Ecuador suscribió hace unos 25 años, también se menciona en la Ley de Minería de 2009 . Todos establecen que la consulta debe hacerla el Estado, según Silva.
Las empresas incluyen en sus planes actividades con la comunidad, “pero este mecanismo no reemplaza a lo previsto en la ley, el Convenio y la Constitución y no hay normativa que implemente la consulta previa”. “La Cámara de Minería no solo ha pedido expedición de la normativa, hemos tenido reuniones con autoridades para explicar cómo se hace en otros países”, dice Silva.
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YANKUANG ESTÁ EN PAUSA
En la sierra también existen conflictos por la misma causa: concesiones mineras que dividen a la población y acusaciones de que no se ha realizado la consulta previa. En Bolívar hay dos ejemplos: Telimbela y Tornado, a cargo de la empresa china Yankuang.
Al igual que San Carlos Panantza, el proyecto Telimbela está paralizado y la empresa dijo a Código Vidrio, a través de la Cámara, que no se reactivará hasta contar con garantías para poder trabajar con seguridad. El Ministerio de Energía y Minas también señaló que fue el titular quien pidió suspender la vigencia del plazo de Telimbela y Tornado, “pero ha manifestado su interés de levantar esa suspensión en este año”.
En esta zona han ocurrido choques con los moradores. En 2019, un grupo de personas destruyó equipos y maquinaria, cerró vías, quemó un vehículo policial y un contenedor de la empresa. luego persiguió a los trabajadores y atacó a los pobladores que prestaron terrenos para instalar plataformas de exploración, según un informe del Ministerio. Además, un policía fue herido.
Los conflictos continuaron en los años siguientes. Según un informe oficial, estos se debió a que no ha habido difusión suficiente sobre el proyecto con la gente que vive en su zona de influencia y a que no hay operadores para fortalecer el tejido social. Por eso, la población desconfía. La empresa intenta resolverlo desde octubre pasado. Uno de los detonantes es por la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, de la que son parte agricultores y bananeros, que se oponen a estos proyectos.
Según Silva, Telimbela operaba siguiendo la norma ambiental y en una etapa inicial de bajo impacto, pero responsabiliza de los conflictos a las agendas políticas. Habría un dirigente comunitario “que vendió el miedo a su comunidad y les dijo que íbamos a dañar el agua”. Les habría ofrecido protección, a cambio de una cuota con la que cuidaría y monitorearía el agua.
La minería industrial tiene la obligación de devolver el agua al ecosistema en iguales condiciones que la extrajo. Eso se puede garantizar con un monitoreo que establezca las condiciones fisicoquímicas en las que empezaron a usarla, para luego de terminado su uso, pueda volver con niveles similares.
En una mina se usa el agua para consumo humano o para tareas de minería y luego pasa por laboratorios internos y externos y donde solo si los niveles están iguales que al inicio, se la devuelve. “La licencia ambiental es el oxígeno para nosotros, la cuidamos porque es vital”, agrega. Por eso, niega que las empresas incumplan con normativas.
Yankuang señaló que han buscado acercarse a la comunidad de varias formas. Por ejemplo, en la pandemia se extendió el comodato de una ambulancia para trasladar a los enfermos desde Bolívar hacia Guayas y Chimborazo, y se adquirieron insumos médicos.
Ahora está en marcha el proyecto Mejorando juntos el ganado, “que tiene el fin de desparasitación, nutrición y cambio de pastos para ganaderos de la zona, ya que la mayoría de la gente del área está dedicada a la ganadería. Este proyecto se lo llevó a cabo en conjunto con la Universidad Estatal de Bolívar”.
Además, explica que se ha buscado contratar personal de la zona para trabajar con ellos, por ejemplo, en el catering o en la seguridad. “De los trabajadores que están en territorio, el 80 % son de la zona de Telimbela, Caluma y otras localidades de Bolívar”.
Ahora están dialogando con los gobiernos locales para buscar la oportunidad de trabajar proyectos conjuntos, como mantenimiento vial. Resta esperar si esos intentos permiten un acercamiento con la comunidad que logró frenar los trabajos cuando apenas terminaba la exploración inicial.
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