¿Cuánto queda y cómo se ha utilizado los fondos para la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular?
El nuevo aeropuerto será necesario cuando por el antiguo pasen más de tres millones de pasajeros internacionales al año. Faltaría poco.
A lo largo de 19 años, ocho veces se ha modificado el contrato de concesión del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil y tres veces se ha revisado la tarifa que paga Tagsa por operar la terminal. Una cuarta parte de lo recaudado se ha destinado a obras no aeroportuarias.
"Estamos trabajando en obras de infraestructura sanitaria que son muy importantes. Todo Chongón y la zona cercana al nuevo aeropuerto, hasta Progreso, van a contar con todos los servicios. También hemos hecho aceras, bordillos y calles”, dijo en junio del año pasado, una vocera de la fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG).
Entre 2014 y 2021 se invirtieron 51 millones de dólares, extraídos del Fideicomiso para la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil. Para 2022, vísperas de la campaña electoral, se anunció duplicar esa cifra. El destino de ese fideicomiso ha tomado relevancia luego de que el alcalde electo Aquiles Álvarez mencionara la posibilidad de utilizar esos fondos y posponer la idea de una nueva terminal aérea. ¿Cuánto queda de plata y cómo se ha utilizado? Son las interrogantes que intentamos despejar, a pesar de que oficialmente y hasta el cierre de esta edición no se nos respondió a los requerimientos.
EL ORIGEN DEL FONDO
Fue en febrero de 2004 cuando se firmó el contrato de concesión a la compañía Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa). El objetivo era operar la terminal hasta 2024 cuando, se pensaba, ya debía estar construido un aeropuerto nuevo en Daular. “La obra se iniciará en 2019”, decía entonces el alcalde Jaime Nebot.
Han pasado 19 años y el contrato ha sufrido ocho modificaciones. El plazo inicial era para 15 años y se ha ido extendiendo hasta llegar a los 27. Finalizará en 2031.
Como contraparte de la concesión, Tagsa se comprometió a pagar, cada año, un valor equivalente al 50,25 por ciento de los ingresos regulados que genere la operación. Este porcentaje fue elevado en 2018 al 55,25 por ciento y se bajó al 53,66 por ciento en 2021 como consecuencia de la pandemia. Este último porcentaje se mantendrá hasta que los ingresos regulados se igualen o superen a los de 2019.
Cada año, Tagsa debe entregar esos valores directamente al fideicomiso. Entre 2004 y 2021, la concesión del aeropuerto José Joaquín de Olmedo ha representado 378 millones de dólares. Un promedio de 21 millones anuales con un pico de 35 millones en 2019.
El administrador del fideicomiso tiene la obligación de invertir esos fondos de la mejor manera. La mayoría está en el extranjero en bonos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que paga un interés anual promedio del tres por ciento. Otra parte está en bonos del Estado que paga una tasa ligeramente superior al seis por ciento. Pequeñas cantidades restantes se invierten en certificados de depósitos o pólizas de acumulación de bancos nacionales que pagan el cinco por ciento. Todo esto según consta en los informes emitidos por los auditores del fideicomiso.
Si sumáramos lo que el fideicomiso ha recibido, entre 2004 y 2021, tanto de Tagsa cuanto de los intereses ganados, tendríamos 434 millones de dólares.
Llamó nuestra atención que la alcaldesa Cynthia Viteri, en enero pasado, reveló a Vistazo que hay solo 243 millones. ¿Qué pasó con los 190 millones de diferencia?
EL ESLABÓN PERDIDO
Para esclarecer algunas dudas y buscar precisiones, pedimos información y/o entrevista al ingeniero Nicolás Romero Sangster, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, un eslabón municipal encargado de vigilar el antiguo y gestar el nuevo aeropuerto. A pesar de la insistencia, hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta, ni positiva, ni negativa.
Igual pudimos armar el rompecabezas. El fideicomiso, evidentemente también tiene gastos. El primero de ellos es el pago de honorarios a la fiduciaria que lo administra. También, paga unos cuantos tributos y está obligado a “desembolsar los valores requeridos por el constituyente... siempre dentro de la actividad aeroportuaria de la ciudad”, así reza en el contrato del fideicomiso, instrumento que también ha recibido algunas modificaciones.
Para la fiduciaria se estableció en 2015 que por su trabajo le correspondía un valor anual equivalente al 0,075 por ciento del patrimonio administrado. Allí se decía también que el valor mensual resultante no podía ser menor de 2.500 dólares, ni mayor de 10 mil. De acuerdo con el patrimonio entonces existente, el pago mensual rondaba los ocho mil dólares.
Eso cambió solo dos años después, el 7 de julio de 2017 cuando se volvió a modificar el contrato: Se subió el porcentaje de cálculo y se eliminó el techo de 10 mil mensuales. Así se empezó a pagar unos 13 mil dólares mensuales, cinco mil más cada mes. Recién a mediados de 2022, el gerente de AAG, ingeniero Romero, pidió a la fiduciaria una rebaja, llegando a un acuerdo de mermar en 10 por ciento el pago mensual.
Según el informe de rendición de cuentas de la AAG, durante 2021 el mayor gasto presupuestado fue de 13 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales cerca de la parroquia Progreso. Este poblado está a unos 35 kilómetros del nuevo aeropuerto. Esa obra necesitó 11 millones más para el alcantarillado. En total, ese año fueron 36 millones de dólares gastados en obras municipales, no aeronáuticas, con dineros para la construcción del nuevo aeropuerto.
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¿OBRAS SON AMORES?
El uso de recursos para obras no aeroportuarias empezó en 2014 durante la administración de Jaime Nebot. Ese año se presentó el “Plan de desarrollo zonal del aeropuerto Guayaquil-Daular”.
Este estudio incluyó un análisis completo del sector y una ampliación de lo que se consideraba zona de influencia. El área parte desde Puerto Azul y llega hasta Progreso, 1.300 kilómetros cuadrados de superficie. En el área destacan siete comunas, 16 centros poblados, 26 camaroneras y un 21 por ciento de tierras con acceso al riego proveniente del trasvase de Cedegé. El cultivo más común es el de mango.
Se establecieron también las necesidades urgentes de los comuneros. Pedían canchas deportivas, asfaltado de vías, construcción de alcantarillas, parques infantiles y reparación de escuelas. El programa de acciones inmediatas se lo valoró en cerca de 600 mil dólares.
En 2018, último año completo de Nebot, ya se habló de la planta de aguas servidas de San Gerónimo (Progreso). El presupuesto anotado fue de 7,7 millones de dólares. Fue inaugurada por Cynthia Viteri en 2021 a un costo final de 13,2 millones.
Otro anuncio que hizo la AAG fue que en 2022 se invertirían 50 millones de dólares, el doble que los ocho años precedentes. Se dijo que 25 millones costará una planta de agua potable cercana al embalse de Chongón y que los restantes 25 servirían para mejoras en toda la zona. En las redes sociales de la AAG, se mencionan, entre otras: alcantarillado, bordillos, calles y aceras de El Consuelo; carretera San Lorenzo- Sabana Grande, parques infantiles, agua potable en Balsas Bajas, asfaltado y señalización en Puerto Rico; etc, etc.
Queda por saber si esas obras se realizaron con fines electorales, pues la mayoría fue en 2022 y algunas culminaron en enero de 2023. Sin embargo, los votos no fueron suficientes, en El Consuelo, por ejemplo, la alcaldesa también perdió la reelección.
Concluimos que, 101 millones del fideicomiso se han destinado a este tipo de obras. Y que el resto de los dineros retirados del Fondo, ha servido para, entre otros: estudios del desarrollo del tráfico aéreo, instalación de cámaras térmicas para detección de fauna y aves, construcción de pista para la aviación menor, y también, para mejoras en el actual aeropuerto.
Según el séptimo adendum, la construcción del nuevo aeropuerto deberá empezar tres años antes de que se presente “el evento desencadenante”. Esta terminología se refiere a cuando se prevea que el número de pasajeros internacionales durante un año sea superior a los tres millones. En 2019 que fue el mejor año, hubo 2,2 millones de pasajeros internacionales. En este 2023, la curva podría verse algo afectada por el inicio de operaciones al exterior del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, previsto para mediados de año.
Con la asunción de la nueva administración municipal, en mayo, sabremos si se mantendrá o no el dinero en el fideicomiso. Toda merma que haya en él, significará un mayor endeudamiento público o un incremento de las tasas aeroportuarias que encarecerán los pasajes. En lo que hay consenso es que faltaría poco tiempo para que se deba poner la primera piedra en Daular y que el tiempo se va volando...
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