Crisis en la salud pública: ¿qué ocasionó el desabastecimiento de fármacos?
Del bolsillo de los ecuatorianos salieron 257 millones de dólares para comprar las medicinas que no encontraban disponibles en 2021.
Desabastecimiento de fármacos es la tónica, pero el Ministerio de Salud busca revertir la tendencia. Del bolsillo de los ecuatorianos salieron 257 millones de dólares para comprar las medicinas que no encontraban disponibles en las farmacias de las casas de salud del sistema público en 2021. La factura la terminaron pagando los más pobres.
El país aún no se levanta de los efectos del COVID-19 y las secuelas del paro; sin embargo, ya debe afrontar otro problema. La falta de medicamentos es uno de los síntomas. La crisis de la salud pública evidencia un fenómeno estructural. Con millones de afectados.
Declarar en emergencia a la salud en medio del paro fue apenas un paliativo. A mediados de julio, la seguridad social también declaró en emergencia sus unidades médicas. Juntos, los hospitales y centros médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el IESS, cubren ocho de cada 10 atenciones que presta el servicio público. Con las unidades del ISSFA y el ISSPOL, ahora también en rojo, completan la red pública de salud.
La situación es tan grave que provocó la salida de una ministra de Salud que se había proyectado como una de las más eficientes del gobierno de Guillermo Lasso, por la exitosa campaña de vacunación anti-COVID-19. Provocó que el vicepresidente Alfredo Borrero, quien había emitido persistentes mensajes de insatisfacción por la atención en hospitales públicos, asumiera la dirección del Gabinete sectorial de salud. ¿Su desafío? Sacar de cuidados intensivos a este paciente. De la salud pública dependen nueve de cada 10 ecuatorianos.
Este año, la seguridad social proyecta destinar 2.200 millones de dólares para la salud de sus afiliados, pero la recaudación apenas supera los 1.600 millones. En definitiva, hay un déficit de 600 millones en el seguro de salud para 2022, solo en el IESS, explica Augusto de la Torre, execonomista-jefe del Banco Mundial y autor de varios estudios sobre la seguridad social ecuatoriana.
La situación se complicó a raíz de la pandemia, según documentos a los que accedió Vistazo.
2021 fue el año de la advertencia. Hacia el mes de julio, el gobierno de Lasso se había estrenado pocas semanas antes y debutaba exitosamente en la aplicación del plan masivo de vacunación contra el COVID-19, bajo la gestión de la entonces ministra Ximena Garzón. Un documento técnico levantado por ese Ministerio determinaba que la situación de acceso a medicamentos y dispositivos médicos ya era “crítica”, porque solo contaba con el 52 por ciento de abastecimiento en fármacos y 65 por ciento en dispositivos. El porcentaje óptimo es superior al 80 por ciento.
Cuatro factores fueron considerados los desencadenantes: la contracción de la oferta de fármacos por la pandemia; los cambios continuos de autoridades de Salud durante el gobierno previo; la drástica disminución presupuestaria entre 2018 y 2021, que redujo en 45 por ciento el presupuesto para medicamentos y dispositivos médicos, bajando de 595 millones a 327 millones ese rubro. Por último, un muestreo aleatorio de procesos de compra de medicamentos entre 2019 y 2020 detectó que en el 75 por ciento de casos hubo falta de oferentes y se declararon desiertos, retrasando el reabastecimiento.
A la fecha de ese estudio, se detectó que más de 7.200 procedimientos quirúrgicos en áreas de cirugía general, traumatología/ortopedia, urología, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, cirugía vascular, maxilofacial, y otras, estaban represados.
Y no menos grave. Del bolsillo de los ecuatorianos salieron 257 millones de dólares para comprar las medicinas que no encontraban disponibles en las farmacias de las casas de salud del sistema público. La factura la terminaron pagando los más pobres. “Para estimar la pérdida de productividad por el desabastecimiento de medicamentos en establecimientos del MSP para atender enfermedades crónicas no transmisibles, se considera un ausentismo laboral en promedio de 13 días”.
Las autoridades declararon una primera emergencia en agosto de ese mismo año y lograron superar el obstáculo. Pero el panorama volvió a complicarse. En diciembre la ministra Garzón fue llamada a comparecer ante la Asamblea para explicar las razones del desabastecimiento de medicinas esenciales.
Menos plata para salud en pandemia
En su comparecencia ante el Legislativo, la entonces ministra Garzón explicó que el desabastecimiento se produjo entre 2018 y 2021, cuando la provisión de fármacos se redujo del 98 al 52 por ciento. Advirtió que el 90 por ciento de los insumos que consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos no estaba catalogado, lo cual imposibilitaba la compra por vía electrónica.
Entre líneas quedó flotando una denuncia: en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, el gobierno de Moreno redujo el presupuesto para insumos y medicinas.
Seis meses más tarde, la secretaria de Estado fue una de las bajas del gobierno de Lasso en medio del paro indígena que tuvo paralizado al país por 18 días. Lasso decretó la emergencia en salud el 17 de junio, mediante el Decreto 454. Garzón dio los primeros pasos de la declaratoria, pero dejó la cartera el 7 de julio. Fuera de funciones, en- frenta un posible proceso de enjuiciamiento político. La falta de medicinas es uno de los argumentos que esgrimen los promotores del juicio, Ricardo Vanegas y Rafael Lucero, de Pachakutik.
José Ruales, quien fue viceministro de Gobernanza, asumió la titularidad de Salud con el anuncio de que el abastecimiento de fármacos e insumos se regularizará progresivamente, a partir de las estrategias que fueron delineadas meses atrás, pero que se fueron concretando en forma paulatina y solo ahora empiezan a mostrar resultados. Una de ellas es el aumento del catálogo de medicamentos, lo que facilita la compra electrónica. Otra, el mecanismo para adquirir medicinas recetadas en hospitales públicos, a través de convenios con farmacias privadas.
Documentos a los que accedió Vistazo muestran que el desabastecimiento de fármacos es general, por falta de materias primas agravada por la guerra entre Rusia y Ucrania y por el alto costo de los combustibles. También, hay desinterés en los proveedores, “porque los presupuestos del sector público son demasiado bajos”. Otro factor crítico es “la falta de pago oportuno por parte del Ministerio de Finanzas”.
Los presupuestos reducidos obligan a priorizar y comprar insumos para tiempos relativamente cortos. Esto causa que el abastecimiento sea parcial, señala un informe del seguro social militar, ahora también declarado en emergencia.
¿Qué pasa con el Seguro Campesino? Cubre a un millón 100 mil beneficiarios. A mayo de 2022 había un “estado crítico de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos”, revelan informes revisados por Vistazo.
“El porcentaje de abastecimiento no es óptimo en cuanto a medicamentos, dispositivos y biomateriales en los 659 dispensarios del Seguro Social Campesino”. Además, “los procesos de contratación tienen tiempos prolongados para su adquisición”. Como efecto de todo esto, los pacientes de este seguro recurren a otros sistemas públicos, causando saturación y sobredemanda.
La esperada emergencia
El Ministerio de Salud Pública intenta revertir la tendencia y lograr el abastecimiento de fármacos. En el país hay 1.996 establecimientos de primer nivel; 117 de segundo nivel y 15 de tercer nivel, gerenciados por el MSP.
Pedro Aguilar, asesor Jurídico y de Contratación Pública, explica que después de la declaratoria de emergencia, se cumplió una serie de pasos en forma ágil. “El sistema de salud lo conforman cuatro redes: MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL”.
La entonces Ministra instó a cada componente a declarar su emergencia, en función del art. 57 de la Ley de Contratación Pública. Ese mismo día, fue declarada en el Ministerio de Salud Pública, con una duración de 60 días.
Para la emergencia, el MSP definió la necesidad de adquirir 443 fármacos, en aquellos cuyo valor excede el millón de dólares se requiere un informe de pertinencia a la Contraloría. Fueron distribuidos en 14 grupos terapéuticos, y cuatro de ellos requieren el informe de la Contraloría.
El MSP catalogó 684 medicamentos para facilitar el proceso de compra electrónica. A partir de este mecanismo, emitió 778 órdenes de compras, de un total esperado de 900, por 12,5 millones de dólares, explicó la doctora Carmen Guerrero, viceministra de Atención Integral en Salud. Este mecanismo permitirá abastecer de medicinas e insumos por ocho meses, explicó la funcionaria.
“Aceptamos y conocemos que tenemos una debilidad en el proceso de compras públicas, es bastante complejo por el procedimiento legal, implica tener el personal capacitado, las bodegas, la coordinación de inventarios, comprar a tiempo, tener el presupuesto antes de que se acaben las existencias”. El trámite actual busca comprar 174 millones de unidades.
Otra estrategia consiste en externalizar la entrega de medicamentos. El paciente no tiene que deambular buscando la receta médica, sino que la recibe en la farmacia que mantiene el convenio con el MSP. Previamente se adecuó la normativa vigente; fueron invitadas las cadenas de farmacias. Actualmente hay 247 establecimientos que firmaron el convenio de adhesión para brindar el servicio a los usuarios. Las farmacias están atadas a seis hospitales piloto: Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez en Quito; hospital Portoviejo en Manabí; Vicente Corral Moscoso en Cuenca; y Monte Sinaí y Abel Gilbert Pontón en Guayaquil. Este esquema fue inaugurado a mediados de julio, con el nombre “Medicina Cerca”.
Por el momento la cobertura de fármacos y dispositivos bordea el 65 por ciento a nivel nacional. El acceso a medicamentos es solo un aspecto del problema. La gravedad del cuadro requiere de medidas estructurales. La salud en terapia intensiva no podrá recuperarse con simples paliativos.
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