Consejo de la Judicatura solicita diligencia para poder actuar en caso de violación y tortura del niño de Naranjal
La Judicatura se pronunció por la denuncia de manifiesta negligencia en el caso de Naranjal.
El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó una declaratoria jurisdiccional previa en contra del Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Naranjal, Wilmer T., y de los Agentes Fiscales, Kennet A. y Erika V., por sus actuaciones dentro del caso de violencia y tortura contra dos menores de edad de 6 y 8 años en Naranjal, provincia del Guayas.
La Judicatura se pronunció por la denuncia de manifiesta negligencia presentada por parte de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas (AMAG), a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario.
En ese sentido, el organismo explicó que, de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 3-19-CN/20, requiere de una declaratoria jurisdiccional previa para poder actuar en el ámbito disciplinario en casos como este.
El pasado 20 de septiembre se realizó el sorteo correspondiente de los jueces que resolverán la declaratoria jurisdiccional y está en conocimiento de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas. Inmediatamente, el 21 de septiembre los magistrados solicitaron un informe al juez y a los fiscales, el cual deben presentar en el término de 5 días, para continuar con el proceso que establece la ley.
La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, lamentó que los servidores judiciales involucrados no estén suspendidos y explicó que para determinar su culpabilidad es necesario esperar el pronunciamiento oficial de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión inició el 13 de septiembre una investigación y solicitó a la Dirección Provincial de Guayas remita de forma urgente un informe detallado de tipo administrativo respecto del estado procesal del mencionado caso.
"El CJ reitera su compromiso con el cuarto eje de acción institucional, el fortalecimiento de las investigaciones y sanciones a los delitos sexuales contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres", concluyó en un escrito.
Al momento, el caso se encuentra en investigación previa (violación) e instrucción fiscal (violencia física), por lo que goza de reserva.
Por su parte, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (CEPAM), se hizo cargo recientemente del caso de los menores, con el objetivo de dar un tratamiento legal pertinente, y resolver las “irregularidades” detectadas en la propia justicia.
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