Censo contabiliza más de 31.300 reclusos en las 36 cárceles de Ecuador
Con capacidad para 30.000 personas, las cárceles ecuatorianas han sido escenario de violentos choques entre bandas criminales.
Ecuador tiene más de 31.300 presos, según el primer censo penitenciario realizado tras masacres carcelarias que dejaron cientos de muertos y que culminó este sábado.
"Con 31.319 personas privadas de la libertad censadas en 36 centros de privación de libertad culminaron las labores del Censo Penitenciario, a escala nacional", señaló en un comunicado el organismo que administra las prisiones, SNAI. La tasa de hacinamiento es de 3,8%, dijo el director del SNAI, Guillermo Rodríguez.
La ejecución de este censo es parte de las gestiones emprendidas por el Gobierno para impulsar un modelo de gobernanza penitenciaria, que combine la dignificación de las condiciones de vida de los internos e internas, la seguridad y el control en los recintos con la implementación de tecnología, explicó el SNAI.
Además, el mejoramiento de la infraestructura de los centros, la incorporación de talento humano capacitado y con garantías para su trabajo, además de procesos y procedimientos transparentes y técnicos, indicó.
Con capacidad para 30.000 personas, las cárceles ecuatorianas han sido escenario de violentos choques entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Desde febrero de 2021 han muerto cerca de 400 reclusos, algunos desmembrados e incinerados.
La superpoblación alcanzó los 39.000 presos en 2021, pero tras las cruentas rebeliones el gobierno ha otorgado indultos y beneficios para descongestionar las prisiones.
Las penitenciaría ecuatorianas se han convertido en centros de operaciones de bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
Un comité de pacificación creado por el gobierno del presidente Guillermo Lasso señaló en abril que las prisiones ecuatorianas "se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura".
En noviembre último, Ecuador incorporó unos 1.400 nuevos guardias penitenciarios a fin de reforzar la vigilancia en las cárceles, con lo que el país sumó cerca de 3.000 vigilantes.
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