Tras cuatro meses de investigación, la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía Nacional lograron desarticular una organización delictiva dedicada a falsificar billetes y robo de personas en la modalidad de sacapintas. Cinco sospechosos son procesados por asociación ilícita.
El operativo se desarrolló la madrugada del pasado 7 de diciembre en Quito y Riobamba. Los seguimientos que se hicieron a los procesados revelaron que en la provincia de Chimborazo estaba instalada la fábrica de billetes falsos.
Según la fiscal María Belén Corredores, luego de imprimir los billetes en Riobamba, eran trasladados a Quito para ponerlos en circulación, perjudicando a propietarios de locales comerciales, quienes rindieron sus versiones en la Fiscalía.
“Esta estructura delictiva estaba preparándose para en estas fechas de compra masiva en locales comerciales o entidades financieras, tratar de incluir este dinero falsificado y afectar tanto a los comerciantes como a sus clientes”, explicó el teniente Rolando Jácome en rueda de prensa.
La Policía también mencionó que la banda operaba en Guayaquil y que se dedicaba al robo de personas en la modalidad de sacapintas, perfilando potenciales víctimas, quienes retiraban altas sumas de dinero de los bancos, para luego hacerles un seguimiento, robarles y huir.
Entre los indicios levantados durante el operativo constan 7.000 billetes falsos con denominación de entre 20, 10 y 5 dólares; impresoras, papel para grabar las imágenes de la moneda norteamericana, tintas, prendas de vestir, entre otros más que se encuentran en cadena de custodia. Además, se detuvo a siete personas.
En su teoría del caso, expuesta ante un Juez de Garantías Penales, la Fiscal citó los informes de las vigilancias y seguimientos a los procesados, así como las triangulaciones de llamadas que se hicieron a sus comunicaciones telefónicas.
Para fundamentar el caso, la Fiscalía también expuso el informe pericial documentológico de los billetes entregados por las víctimas, que determinó que el dinero era falso.
El Juez dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo tendrá una vigencia de 90 días.
También, ordenó la prisión preventiva de los procesados Pablo C. y Walter S., mientras que, para Álex S., Alisson C. y Carlos B. dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.