Tres personas fueron procesadas por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico ilícito de migrantes, tras haber sido detenidos la madrugada del 28 de septiembre en Quito y Cuenca.
En el desarrollo de las audiencias, los fiscales Paúl Vásquez y Fernanda Polo presentaron entre los elementos de convicción: las versiones de las víctimas y de sus familiares, partes policiales e informe de investigaciones, comprobantes de depósitos, estados de cuentas, pericias de triangulación de llamadas telefónicas, una letra de cambio y los informes de reconocimientos de los lugares donde ocurrieron los hechos.
Primer caso
De acuerdo a la investigación dirigida por Fiscalía, el 5 de agosto de 2020, los esposos Carlos Eduardo M. y Silvia Eufemia N. llegaron hasta el domicilio de la víctima en el cantón La Troncal, para informarle respecto al traslado ilegal a Estados Unidos y los costos.
Acordaron cancelar 17.000 dólares para viajar –vía aérea– por la ruta Guayaquil-Panamá-Las Bahamas y desde allí en yate hasta Miami.
En enero de 2021, el joven viajó en avión desde Guayaquil con destino final a Cuba, donde fue abandonado y tuvo que trasladarse por sus propios medios a un país de Sudamérica.
Las pericias practicadas determinaron que la víctima y sus familiares entregaron a los procesados y a sus contactos en otros países el valor total del costo del viaje.
Fiscalía formuló cargos y el juez Alfredo Serrano dictó orden de prisión preventiva para Carlos Eduardo M. y arresto domiciliario a Silvia Eufemia N., debido a que tiene dos hijos menores de edad que están a su cuidado.
Segundo caso
Este caso fue investigado tras la denuncia de la víctima, quien señala que Carlos Vinicio C. le ofreció trasladarla a Estados Unidos por pasos fronterizos no autorizados, por un valor de 16.000 dólares: salió del país y cuando se encontraba en la frontera entre México y Estados Unidos fue detenida y deportada a Ecuador.
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez Franklin Barahona dictó orden de prisión preventiva para Carlos Vinicio C.
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado y sancionado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de siete a diez años.